Santo Domingo. — La acusación presentada por las autoridades detalla la presunta existencia de una coalición de funcionarios dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA), señalada por facilitar y ejecutar decisiones contrarias al orden institucional y legal. Según el expediente, esta estructura operaba bajo las directrices del entonces director ejecutivo Santiago Marcelo Hazim Albainy, con el fin de favorecer intereses particulares y generar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.
Consultoría jurídica y validaciones irregulares
El documento indica que el consultor jurídico Germán Robles ocupaba un rol crucial dentro del presunto esquema. De acuerdo con la investigación, Robles habría intervenido para imponer aprobaciones irregulares a prestadores de servicios, actuando fuera de los procedimientos establecidos y otorgando ventajas selectivas a terceros vinculados a la estructura. Su participación, señala la acusación, habría sido esencial para respaldar legalmente decisiones adoptadas al margen de la normativa interna.
Homologaciones y avales cuestionados
El expediente también menciona a Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, a quien se atribuye la homologación de acuerdos y la conducción de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores presuntamente creado de forma irregular por Hazim Albainy. Las autoridades sostienen que Minaya validaba convenios y habilitaciones pese a informes internos que advertían incumplimientos técnicos, legales o de infraestructura por parte de algunos proveedores.
En la misma línea, el gerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán, es señalado por supuestamente ejercer presión interna para habilitar o ampliar la cartera de prestadores. Eso ocurría sin la documentación requerida o sin cumplir las condiciones reglamentarias, con lo que habría favorecido a aliados estratégicos del entramado.
Formalización de decisiones internas
La acusación también incluye a Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación. Ella habría validado y firmado de manera recurrente actas que contenían decisiones previamente acordadas por la estructura señalada. Su rol, según el expediente, consistía en asegurar la formalización administrativa de maniobras previamente coordinadas.
Normativa presuntamente vulnerada
Las autoridades sostienen que los implicados no actuaban conforme al interés público ni a las disposiciones legales vigentes. Entre esas disposiciones están la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, indican que la estructura habría operado como un esquema organizado de corrupción. Así fue como, según explica, utilizó recursos estatales para fines particulares y políticos, en perjuicio del patrimonio público y del sistema de salud nacional.
