Reclama llegar a responsables principales en investigación por presuntas irregularidades administrativas.
Santo Domingo. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, solicitó que la investigación del denominado caso Senasa 2.0 alcance a todas las personas que, según las evidencias, puedan ser identificadas como organizadores, facilitadores y principales beneficiarios de las presuntas irregularidades.
El funcionario enfatizó que la investigación no debe limitarse a niveles intermedios, sino que debe seguir la ruta del dinero para determinar quiénes tomaron decisiones, autorizaron procesos y finalmente se beneficiaron de los hechos bajo investigación. “El pueblo quiere los pejes gordos”, expresó, al insistir en una investigación amplia y sin exclusiones.
Asimismo, Ulloa sostuvo que la ciudadanía espera un proceso transparente que permita establecer responsabilidades en todos los niveles, sin que el poder económico, los cargos públicos o las relaciones personales se conviertan en mecanismos de protección frente a la justicia.
Debido proceso y garantías constitucionales
El Defensor del Pueblo recordó que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantizando derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la intervención de una jurisdicción competente, independiente e imparcial.
Afirmó que estas garantías deben respetarse desde el inicio de cualquier investigación y durante todas sus etapas. “La Constitución obliga al Estado cuando ejerce su poder de investigar, detener y juzgar”, señaló, destacando que toda persona debe responder únicamente ante pruebas obtenidas de manera legal y con pleno derecho a defensa.
Ulloa subrayó que la solidez del sistema de justicia depende del respeto estricto a estos principios, evitando actuaciones que vulneren derechos fundamentales.
Medidas de coerción: criterio de proporcionalidad
En relación con las medidas de coerción, el Defensor del Pueblo sostuvo que estas deben aplicarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y análisis individual de cada imputado.
Explicó que la ausencia de hechos violentos no excluye automáticamente la prisión preventiva, pero tampoco la gravedad de una acusación justifica su imposición automática. En ese sentido, insistió en que el peligro de fuga debe sustentarse en elementos verificables y no en suposiciones.
También indicó que los tribunales deben valorar si medidas menos restrictivas, como el impedimento de salida o la presentación periódica, pueden garantizar el proceso judicial.
Investigación financiera y protección de servicios
Ulloa exhortó al Ministerio Público a profundizar la investigación financiera del caso, con el objetivo de recuperar los recursos que se compruebe fueron sustraídos y esclarecer los mecanismos utilizados en las presuntas irregularidades.
De igual forma, llamó a garantizar la continuidad de los servicios de salud para los afiliados de Senasa, destacando el impacto social del sistema.
“Detrás de los recursos de la salud hay personas esperando atención médica”, afirmó, al reiterar que el Estado debe asegurar justicia, transparencia y protección del derecho a la salud.
Concluyó señalando que un Estado eficiente debe perseguir la corrupción, respetar la Constitución y garantizar resultados concretos para la ciudadanía.
