En República Dominicana, el debate sobre la migración haitiana ha pasado de ser un tema marginal a ocupar el centro de la discusión nacional. Esta realidad se evidencia especialmente en sectores clave como la agricultura, donde la mano de obra extranjera en el campo, mayoritariamente haitiana, sostiene una parte considerable de la producción.
Sin embargo, el gobierno ha decidido cambiar de rumbo. El presidente Luis Abinader anunció nuevas medidas para reducir la migración irregular y sustituir gradualmente la fuerza laboral extranjera por mano de obra dominicana y tecnología. Durante su intervención en “La Semanal”, el mandatario afirmó: “Ya hemos financiado más de RD$2,800 millones en iniciativas orientadas a mecanizar la agricultura y la construcción”.
Además, Abinader informó que los beneficiarios del programa Supérate que trabajen en estos sectores podrán conservar el subsidio estatal mientras laboran, como parte de los incentivos para fomentar la participación local en el campo.
No obstante, los datos muestran una dependencia difícil de revertir. Según Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el 90 % de la mano de obra en el sector bananero no está calificada y es, en su mayoría, extranjera. En otros cultivos —como plátano, leche, café y arroz— la proporción de trabajadores foráneos supera el 60 %.
“La estrategia es sustituir esa mano de obra por trabajadores calificados y tecnologías innovadoras”, afirmó Benítez en el ciclo de conferencias Hablemos de Innovación.
Mientras tanto, el sector bananero ya siente el impacto de las redadas migratorias. Gil Blas Martínez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), calificó la situación como “traumática”. “Cada vez que Migración interviene y se lleva trabajadores, se paraliza la producción”, explicó. Añadió que un contenedor que no sale a tiempo implica pérdidas económicas importantes.
Los datos respaldan su preocupación: entre 2021 y 2024, el número de productores de banano cayó de 1,800 a 1,300; las asociaciones pasaron de 33 a 23, y las exportadoras de 17 a solo 10. En ese mismo periodo, las exportaciones semanales cayeron un 45 %, de 460 a 280 contenedores, lo que redujo los ingresos de US$360 a US$202 millones anuales.
Martínez enfatizó que el sistema de producción bananera no se puede mecanizar por completo. “Se necesita gente que sepa cortar, embolsar, fumigar… No todo se puede automatizar”, dijo. También criticó que se penalice a trabajadores formales con la pérdida de beneficios como el Bono Gas, aunque reconoció el reciente anuncio presidencial que asegura su preservación.
A partir de junio, el jornal del sector bananero subirá a RD$765 por ocho horas de trabajo, por encima del salario mínimo agrícola. Martínez asegura que los productores cumplen con las auditorías de comercio justo y ofrecen condiciones competitivas, pero enfrentan falta de interés y capacitación en la mano de obra local.
Las restricciones también afectan al sector tabacalero. Nicole Martínez, de Las Antillas Tabacco Company, explicó que las redadas provocan retrasos en la cosecha. “Cuando Migración actúa, los haitianos desaparecen por días y se paraliza el trabajo”, relató. Añadió que los dominicanos que reemplazan a los trabajadores haitianos suelen cobrar más y no dominan igual las tareas especializadas, lo que afecta la calidad del producto.
La mecanización total, advierten los productores, no es viable en todos los casos. Aunque algunas tareas pueden automatizarse, otras requieren experiencia y destreza. Por ello, Adobanano implementó un sistema interno de carnetización con datos biométricos, aunque aún no constituye un mecanismo formal de regularización migratoria.
Martínez recordó que entre 2014 y 2015, un programa en conjunto con el PNUD permitió entregar permisos temporales a más de 12,000 trabajadores haitianos. Propone retomar una política similar, con permisos diferenciados por sectores como banano, construcción o turismo.
Desde el sector ganadero, Eric Rivero, presidente de Aproleche, reconoció que muchos trabajadores son inmigrantes, algunos posiblemente en situación irregular. No obstante, destacó que el Estado ha subsidiado el 30 % del costo de máquinas portátiles de ordeño y ha entregado más de 300 unidades, facilitando así la mecanización parcial del sector.
Además, Rivero valoró positivamente que los trabajadores dominicanos en el campo puedan mantener beneficios sociales al formalizar su empleo.
Por su parte, el productor arrocero Oliverio Espaillat señaló que el gobierno ha mostrado interés en apoyar la mecanización mediante financiamiento a través del Bandex. Según explicó, el uso de drones y maquinaria moderna permite automatizar tareas clave del proceso agrícola, aunque reconoció que persiste el reto legal vinculado a la situación migratoria de buena parte de la mano de obra.
En términos generales, el campo dominicano enfrenta un problema estructural. La mano de obra local muestra poco interés por trabajos agrícolas, mientras que la inmigración haitiana, que tradicionalmente ha cubierto esa brecha, enfrenta mayores restricciones.
Un estudio del Instituto Nacional de Migración, realizado por el investigador José Miguel Macías, reveló que el país alberga más de 570,000 inmigrantes y descendientes, de los cuales el 88.5 % proviene de Haití. De estos, el 33.8 % trabaja en el sector agropecuario, la mayoría en condiciones informales y con baja calificación.
Aunque el gobierno insiste en la mecanización y la “dominicanización” de la mano de obra, la pregunta persiste: ¿quién trabajará en el campo si los dominicanos no quieren hacerlo y los haitianos no pueden?
