Asegura afectado que proceso carece de revisión técnica y justicia adecuada
Santo Domingo, RD.- El ex empleado privado, Víctor Cesario Castillo García, denunció enfrentar desde hace varios años una situación angustiante e injusta tras recibir reiteradas intimaciones de cobro.
Las notificaciones provienen del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, relacionadas con una vivienda que asegura permanece inconclusa, levantada con sacrificios y recursos limitados.
«La construcción se inició utilizando prestaciones laborales acumuladas durante años, pero los recursos económicos disponibles resultaron insuficientes para completar la obra actualmente inconclusa» explicó.
Origen del expediente y monto reclamado
Documentos suministrados por el ciudadano indican que el 19 de julio de 2022 fue levantada el acta número 18-007417, estableciendo un cobro ascendente a RD$40,755.00.
Dicho monto, según el expediente, se fundamenta en disposiciones contenidas en la Ley 6-86, relacionadas con aportes, retenciones y obligaciones correspondientes al sector formal de la construcción.
Sin embargo, Castillo sostiene que la evaluación presenta inconsistencias relevantes, que debieron motivar una revisión técnica completa antes de continuar cualquier proceso formal de cobro.
Cuestionamientos sobre evaluación técnica
Entre los aspectos señalados figuran diferencias en el metraje evaluado de la vivienda, así como inconsistencias en la valoración general de la obra construida parcialmente.
El denunciante también indicó que gran parte de los trabajos de terminación fueron realizados directamente por él y un hermano, debido a limitaciones económicas persistentes.
Asegura además que no se dedica al sector construcción, indicando que únicamente contrató a costo fijo los servicios de un maestro constructor independiente con personal propio.
Comunicación formal y argumentos legales
En una comunicación formal recibida en septiembre de 2022, Castillo explicó que identificó al maestro constructor responsable de los trabajos iniciales realizados en la vivienda.
Asimismo, entregó informaciones y documentos relacionados con dicha contratación, incluyendo evidencias que, según afirma, fueron suministradas para facilitar cualquier proceso institucional de verificación requerido.
En esa misma comunicación sostuvo que, conforme a su interpretación de la Ley 6-86, no encajaría como contribuyente ni agente de retención dentro del marco legal vigente.
Persistencia de cobros y efectos personales
A pesar de sus objeciones y solicitudes de revisión técnica, el afectado asegura que continuó recibiendo requerimientos e intimaciones vinculados al expediente administrativo en cuestión.
Sostiene que esta situación ha deteriorado significativamente su estabilidad emocional y económica, generando un impacto negativo prolongado en sus condiciones personales y familiares.
Documentos adicionales muestran que el ciudadano realizó pagos parciales durante el proceso, acción que evidencia disposición de colaborar mientras esperaba una revisión ajustada a la realidad.
Declaraciones del afectado
“Yo no me niego a cumplir ninguna obligación legítima. Lo que reclamo es una evaluación justa, transparente y ajustada a la realidad”, expresó Castillo.
El denunciante reiteró que la vivienda aún no está concluida, por lo que considera improcedente cualquier cobro que no refleje fielmente el estado actual de la obra.
Reacciones y contexto social
El caso ha comenzado a llamar la atención de sectores que consideran que muchas familias dominicanas construyen sus viviendas de manera gradual, dependiendo de ahorros y esfuerzos personales.
Estas condiciones suelen derivar en procesos administrativos complejos, especialmente cuando los ciudadanos carecen de asistencia técnica o asesoría legal adecuada para enfrentar procedimientos institucionales.
Ciudadanos consultados entienden que las instituciones públicas deben actuar con razonabilidad, garantizando debido proceso y transparencia ante reclamaciones formales pendientes de evaluación técnica.
Llamado a revisión institucional
Finalmente, se realizó un llamado a las autoridades competentes para revisar el expediente, evaluar las observaciones planteadas y garantizar una respuesta equilibrada ajustada a derecho.
El denunciante insiste en que la situación continúa afectando seriamente su tranquilidad y calidad de vida, por lo que espera una solución justa conforme a los hechos expuestos.
