Quedó aplazado para el martes 18 de febrero el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los implicadas en el caso Guepardo.
La jueza Franchesca Silvestre, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, tomó la decisión a los fines de que la defensa técnica de los acusados estudien la medida por su extensión y presentar presupuestos.
Los fiscales que están en representación del Ministerio Público en el caso Guepardo son Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y de la Fiscalía de La Romana, Bienvenido Florentino y Leandro Guzmán.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana han solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando que las imputadas lideraban una estructura que afectó a más de 120 víctimas, tanto dominicanas como extranjeras.
El informe preliminar de la Procuraduría Antilavado indica que la red delictiva habría manejado un total de US$ 18,851,583.12.
Conforme al órgano persecutor, el alegado entramado, desmantelado el pasado viernes 7 de febrero mediante la Operación Guepardo, promovía proyectos inmobiliarios, usando medios electrónicos que le hacían captar víctimas logrando obtener altas sumas de dinero en dólares americanos y pesos dominicanos, para posteriormente desaparecer y lucrarse ilícitamente del capital de los agraviados y estratégicamente, «con un entramado manipulador, de utilizar la multinacional RE/MAX, para captar fácilmente los clientes».
