Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, disertó este viernes sobre los retos del sistema penitenciario dominicano y las implicaciones del proyecto de creación del Ministerio de Justicia, durante la Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en el Proceso de la Reforma Penitenciaria Dominicana.
En su ponencia, Peralta abordó tres ejes fundamentales: la evolución de las reformas penitenciarias en el país, los antecedentes históricos del Ministerio de Justicia y el contenido de la propuesta legislativa para su restablecimiento, con especial énfasis en el lugar que ocupará el sistema penitenciario.
Contexto histórico y situación actual
El jurista recordó que hace apenas unas décadas comenzó en el país un proceso de reformas al sistema carcelario, que por más de un siglo estuvo regido por el Código Penal de 1884, de inspiración napoleónica. Destacó los avances logrados con el Nuevo Modelo Penitenciario, iniciado en 2004, aunque admitió que persisten problemas críticos como la sobrepoblación, el hacinamiento y el descontrol en algunas cárceles.
Señaló además la promulgación en 2021 de la Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y creó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, dependiente de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, cuestionó que esta dependencia del Ministerio Público no siempre fue así y recordó que originalmente era una función del Ministerio de Justicia, institución creada por la primera Constitución de 1844 y eliminada en 1964 mediante la Ley 485.
Peralta subrayó que la idea de restablecer el Ministerio de Justicia lleva al menos dos décadas discutiéndose y que en los últimos años ha avanzado gracias al impulso del presidente Luis Abinader. La propuesta se sometió al Congreso en febrero de 2023, aprobada por el Senado en junio de este año tras la reforma constitucional de 2024 y aguarda su conocimiento en la Cámara de Diputados.
También hizo notar que República Dominicana, junto con Ecuador y Nicaragua, es de los pocos países iberoamericanos donde el Ministerio Público mantiene las labores administrativas del sistema de justicia, lo que el proyecto busca corregir.
“La intención del Ejecutivo es rescatar una figura suprimida de manera incorrecta y diseñar un Ministerio de Justicia moderno, coherente con la Constitución y dotado de las herramientas para responder a las necesidades de la población, en especial en el ámbito penitenciario”, afirmó.
Implicaciones para el sistema penitenciario
Peralta explicó que la propuesta contempla que el Ministerio de Justicia asuma la coordinación general del sistema penitenciario, a través de nuevas figuras institucionales: el ministro de Justicia, el viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales, detalló, tendrá a su cargo la coordinación de las políticas públicas penitenciarias y de reinserción social, así como la relación del Ejecutivo con las organizaciones de la sociedad civil del sector.
Por su parte, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales seguirá ejecutando y dando seguimiento a los servicios en las cárceles, conforme a las políticas diseñadas por el Ministerio.
Finalmente, la iniciativa prevé la creación de un Sistema Penitenciario y Correccional como espacio de coordinación interinstitucional, que integrará a las entidades públicas y privadas vinculadas al sector para diseñar y supervisar las políticas del área.
