Este colaborador analiza la elección de los jueces de la SCJ y los retos de la independencia judicial.
Felizmente el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, ha terminado de conformar una Suprema Corte de Justicia (SCJ) constituida por una magnífica cohorte de jueces de la carrera judicial, aumentando el número de juezas e integrando una jueza del ejercicio profesional del derecho fuera de la carrera judicial, por lo que hay que felicitar al CNM, al tiempo de congratular y desear el mayor de los éxitos a los confirmados y nuevos excelentes jueces, con sobradas condiciones para un perfecto desempeño en sus magistraturas.
Carrera judicial e independencia
Aunque muchos postulamos que lo mejor para el Poder Judicial era continuar con la tradición de nombrar presidente de la SCJ a un juez fuera de la carrera, para contrapesar la endogamia propia de una justicia burocrática mirándose siempre el ombligo, por lo que entusiastamente respaldamos la candidatura de Fernando Langa, la elección de Justiniano Montero, un experimentado y acreditado juez de carrera, envía la señal que el presidente Abinader quería de una justicia de carrera, para así fortalecer su independencia.
Transparencia en la selección de jueces
Hay quienes han querido maliciosa y distorsionadamente insinuar que el presidente Abinader fue presionado para no designar a Langa, pero creo que es su firme convencimiento que lo mejor para la SCJ y el Poder Judicial es contar con un presidente de carrera. En este sentido, no puede decirse que el presidente del CNM fuese contrario a designar a un juez ligado personal, política o profesionalmente a él, pues él mismo propulsó la designación de jueces en las Altas Cortes que, no obstante sus lazos político-partidarios, profesionales o personales, se entendía que reunían las condiciones morales y técnicas para sus cargos, todos los cuales han desempeñado hasta ahora a cabalidad y exitosamente sus funciones jurisdiccionales, impactando positivamente la evolución jurisprudencial y la protección de los derechos fundamentales.
Hay que aplaudir que Participación Ciudadana, que lleva décadas insistiendo en la necesidad de encuadrar jurídicamente la evaluación y la designación de los jueces supremos, esta vez haya admitido, por lo menos implícitamente, que este proceso es uno eminentemente político, que no puede ser reducido a las matemáticas de una decisión que es eminentemente política y discrecional como siempre hemos postulado.
Una reflexión sobre la independencia judicial
Lamentamos que nuestro sistema de conformación de las Altas Cortes no obligue a los poderes políticos a transparentar sus propuestas de candidatos al interior del CNM y que se satanice a aquellas personalidades y abogados que públicamente proponen y apoyan candidatos, contrario a lo propio de las mejores familias constitucionales, como es el caso de Estados Unidos, y como ha sido la costumbre en el país desde la designación de Jorge Subero Isa como presidente de la SCJ.
El presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower una vez dijo, refiriéndose a sus designaciones de los magníficos jueces supremos Earl Warren y William J. Brennan Jr., que resultaron ser más progresistas y liberales que lo que esperaba, que él había cometido «dos errores, y ambos están sentados en la Corte Suprema». Por suerte, no es el caso del presidente Abinader que ha querido justamente dejar su impronta en la conformación de un Poder Judicial independiente y que, como buen estadista, sabe que el mejor juez es aquel que ejerce su derecho a ser malagradecido con quienes lo designan.
