Con avances institucionales sólidos, el país adopta estándares globales en transparencia pública.
Santo Domingo, RD.— La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el Estudio de Integridad de la República Dominicana, elaborado junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). El informe identifica avances, riesgos y brechas, además de ofrecer recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pública.
Durante el acto, encabezado por el presidente Luis Abinader, la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, valoró el compromiso del país con la integridad. Afirmó que República Dominicana implementa algunas de las mejores prácticas a nivel mundial, lo que evidencia un proceso de transformación institucional sostenido.
Base institucional y avances en gobernanza
Pilichowski destacó que el país cuenta con una base institucional sólida, lo que permite avanzar hacia una estrategia nacional de integridad más robusta. En ese sentido, el estudio resalta progresos en normas de conducta, transparencia y mecanismos de control.
El presidente Abinader aseguró que este informe permite medir el desempeño institucional bajo estándares internacionales. Indicó que el objetivo es convertir los hallazgos en acciones concretas que impacten a la ciudadanía. “La verdadera transformación ocurre cuando la integridad se convierte en cultura”, expresó.
Asimismo, subrayó que el país entra en una nueva etapa enfocada en resultados tangibles. Señaló que se debe avanzar del diagnóstico a la acción, impulsando reformas que generen confianza pública.
Recomendaciones clave de la OCDE
El estudio aborda la integridad pública desde una visión sistémica. Va más allá de la prevención de la corrupción e incorpora elementos como la cultura organizacional, la toma de decisiones, la participación social y la arquitectura institucional.
Entre las principales recomendaciones se encuentran fortalecer la protección de denunciantes, integrar la integridad en la gestión de riesgos y mejorar los procesos de investigación y sanción. También se propone ampliar la participación de la sociedad civil, la academia, los medios y el sector privado.
Compromiso institucional y trabajo conjunto
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la integridad debe estar presente en cada etapa de la gestión pública. Indicó que desde el Gobierno se impulsará la implementación de las recomendaciones junto a la DIGEIG.
“Cada servidor público tiene una responsabilidad en la integridad”, sostuvo el funcionario, al tiempo que llamó a convertir las propuestas en acciones medibles.
Por su parte, la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, destacó la importancia de la colaboración entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Señaló que el vínculo con la OCDE representa una oportunidad para fortalecer la transparencia y la confianza institucional.
Estrategia nacional hacia 2036
La presentación del estudio coincide con el avance de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) 2026-2036. Esta hoja de ruta busca traducir el diagnóstico en objetivos concretos, con indicadores y responsabilidades claras.
El proceso apunta a consolidar un modelo de gobernanza basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la sociedad.
