Una disputa histórica por explotación minera escala a tribunales por incumplimientos reiterados.
Nizao, Peravia. El alcalde del municipio de Nizao, Iván Reyes, interpuso una acción legal formal contra varias empresas extractoras de materiales del río, en respuesta a una prolongada negativa de pago por concepto de explotación de recursos naturales no renovables.
La medida incluye un acto de alguacil dirigido específicamente contra las compañías Constructora Agregados Bisonó y Alba Sánchez, señaladas por incumplir con el pago del 5% establecido por ley para este tipo de actividades.
La Alcaldía sostiene que estas operaciones han generado beneficios económicos sin el debido retorno al municipio.
Reclamo millonario por deuda acumulada
De acuerdo con la información oficial, el proceso judicial contempla el cobro de una deuda estimada en alrededor de 470 millones de pesos, calculada en base a beneficios reportados y datos suministrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El reclamo abarca un período retroactivo de los últimos 10 años, aunque las autoridades municipales aseguran que el conflicto por el incumplimiento de pagos y operaciones en la zona se remonta a décadas anteriores. Esta situación, según la Alcaldía, ha impactado negativamente los ingresos y el desarrollo local.
Solicitud de suspensión de permisos
Como parte de las acciones legales emprendidas, el Ayuntamiento de Nizao solicitó la aplicación de una medida cautelar que implicaría la suspensión inmediata de los permisos de extracción minera otorgados a las empresas involucradas.
Esta solicitud fue presentada mediante el acto de alguacil, con el objetivo de detener las operaciones hasta que se regularice la situación legal y financiera. Las autoridades municipales consideran esta medida necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Contexto de un conflicto prolongado
El caso refleja una problemática persistente en torno a la explotación de recursos naturales en el municipio. La Alcaldía sostiene que el incumplimiento en los pagos ha sido una constante, lo que ha generado tensiones entre las autoridades locales y las empresas extractoras.
Con esta acción judicial, el cabildo busca establecer precedentes en la fiscalización y regulación del uso de recursos naturales, así como recuperar ingresos que considera fundamentales para el desarrollo de Nizao.
