Santo Domingo.- El denominado caso Intrant o Camaleón entra este martes en la etapa de juicio de fondo. El proceso involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, al empresario Jochi Gómez y otros ocho imputados. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá el expediente. Ahora, el Ministerio Público deberá sustentar ante los jueces la responsabilidad individual que atribuye a cada acusado.
Fiscalía deberá probar sus acusaciones
La acusación sostiene que durante la gestión de Beras operó una estructura integrada por funcionarios, exservidores públicos y particulares. Según el expediente, el grupo habría intervenido en procesos vinculados con contrataciones públicas. El Ministerio Público afirma que el esquema buscó favorecer la adjudicación del contrato para modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo. Ese contrato alcanzó RD$1,317,350,997, según la acusación.
La Fiscalía atribuye a Jochi Gómez vínculos con contratos cuestionados mediante empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. También le imputa actuaciones relacionadas con sistemas semafóricos y de videovigilancia.
A Hugo Beras, el órgano acusador le atribuye haber facilitado adjudicaciones presuntamente irregulares durante su gestión al frente del Intrant. La acusación también señala actuaciones relacionadas con los sistemas tecnológicos de la institución.
Más de 400 pruebas admitidas
El expediente cuenta con 406 medios de prueba admitidos durante la etapa preliminar. Estos incluyen documentos, testimonios, peritajes, evidencias materiales e información extraída de dispositivos electrónicos.
Entre los testigos propuestos figuran el actual director del Intrant, Milton Morrison, y el exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem. El tribunal escuchará los argumentos del Ministerio Público y las defensas. También recibirá testimonios, peritajes y demás pruebas antes de determinar si existe responsabilidad penal.
Contexto adicional
La jueza Yanibet Rivas ordenó el 5 de junio la apertura a juicio, tras considerar suficientes los elementos para debatir el caso. La magistrada excluyó la calificación de terrorismo planteada inicialmente por el Ministerio Público.
El proceso mantiene imputaciones relacionadas con corrupción administrativa, estafa contra el Estado, sabotaje, delitos tecnológicos y lavado de activos, según la acusación. Los procesados conservan su presunción de inocencia hasta una sentencia definitiva.
