Medicamentos baratos pueden elevar costos reales de salud

Redacción: Gerardo Davis
Doctora analizando medicamentos y costos en sistema de salud

Advierte experta que el precio bajo no garantiza ahorro ni mejores resultados clínicos

Santo Domingo, RD.- La doctora Karen Tamariz, especialista en farmacovigilancia, farmacoepidemiología y seguridad del paciente, advirtió que una eventual reforma al modelo de prescripción y dispensación de medicamentos no debe evaluarse solo por su capacidad de reducir precios. A su juicio, el análisis debe centrarse en el impacto real sobre la salud de los pacientes y la sostenibilidad del sistema, mediante una gestión de riesgo oportuna y pertinente.

La experta subrayó que el precio de adquisición de un fármaco no refleja necesariamente el costo sanitario total. En ese sentido, explicó que un medicamento más económico puede terminar siendo más costoso si provoca fallos terapéuticos, reacciones adversas, pérdida de adherencia o descompensaciones en enfermedades crónicas. Estas situaciones derivan en consultas adicionales, hospitalizaciones y mayor gasto de bolsillo para las familias.

“Una cosa es reducir el precio de una tableta y otra muy distinta es reducir el costo sanitario de una enfermedad. Si el cambio de medicamento descompensa al paciente, el sistema no ahorra: traslada o multiplica el costo”, afirmó.

Eficiencia sin debilitar garantías técnicas

Tamariz consideró que la propuesta de modificar el modelo dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social debe ir más allá de la narrativa de eficiencia. Reconoció la necesidad de mejorar el acceso, racionalizar el gasto y promover el uso de medicamentos genéricos de calidad, pero advirtió que estos objetivos no pueden lograrse debilitando garantías técnicas esenciales.

“El sistema tiene que ahorrar, pero debe ahorrar bien. Ahorrar bien implica que el paciente se mantenga controlado, sin abandonar su tratamiento ni enfrentar reacciones adversas evitables, y sin asumir costos que el sistema dejó de cubrir correctamente”, puntualizó.

Más que precio: seguridad y continuidad terapéutica

Según su planteamiento, una política pública de medicamentos debe considerar factores clave como la seguridad del paciente, la continuidad terapéutica, la evidencia de bioequivalencia, la trazabilidad de los productos y la capacidad de las farmacias para realizar una dispensación profesional. También enfatizó la importancia de fortalecer el sistema nacional de farmacovigilancia.

La especialista explicó que la farmacovigilancia permite detectar, reportar y corregir problemas asociados al uso de medicamentos una vez estos llegan a la población. En ese contexto, advirtió que cualquier política que promueva sustituciones masivas requiere también una capacidad proporcional de vigilancia sanitaria.

“No se puede cambiar el modelo como si todos los radares estuvieran plenamente operativos, cuando muchos aún están en consolidación. Si se sustituyen medicamentos a gran escala, el país debe detectar rápidamente fallos terapéuticos o abandono de tratamientos”, indicó.

Dispensar no es solo entregar medicamentos

Tamariz también llamó la atención sobre la diferencia entre dispensar y despachar medicamentos. Explicó que la dispensación implica validar que el producto corresponde a la condición clínica, dosis y perfil del paciente, lo cual requiere personal capacitado, protocolos y acceso a información.

“En los países donde el farmacéutico puede sustituir medicamentos, este está integrado al sistema, con formación, trazabilidad y acceso a datos clínicos. No podemos copiar el resultado sin construir la base que lo hace seguro”, sostuvo.

Implementación gradual y protección al paciente

La experta defendió el uso de medicamentos genéricos con calidad demostrada, pero insistió en que cualquier cambio debe implementarse de forma gradual, con reglas claras y mecanismos de excepción para pacientes estabilizados.

“Los pacientes más vulnerables necesitan más garantías. Acceso y calidad no pueden separarse”, afirmó.

Finalmente, propuso tres prioridades para el país: fortalecer la autoridad reguladora, implementar la bioequivalencia de forma escalonada y permitir la prescripción por Denominación Común Internacional con opción de marca y reglas de “no sustituir” cuando exista justificación médica.

“La reforma correcta no es la que parece más barata en el papel, sino la que protege al paciente en la vida real. La salud no puede organizarse solo por precio, sino por seguridad, eficacia y confianza”, concluyó.

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