SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación interpuesto por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en un caso de corrupción administrativa.
Con esta decisión, el tribunal ratificó la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.
Según el Ministerio Público, los imputados habrían participado en un presunto fraude contra la ARS estatal Senasa, estimado en más de 15,900 millones de pesos.
Medidas diferenciadas
En el mismo proceso, el tribunal impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella.
La sentencia fue leída a las 12:23 de la madrugada y confirma, “en todas sus partes”, la resolución que impuso la medida de coerción previamente dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Argumentos del tribunal
La corte estuvo presidida por la jueza Isis Muñoz e integrada por Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez. Los magistrados concluyeron que no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la prisión preventiva.
Al analizar el peligro de fuga, el tribunal estableció que el juez debe ponderar no solo el arraigo personal, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, conforme al principio de igualdad ante la ley.
Reacciones y próximos pasos
A su salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó la decisión como “contraria a los intereses de la administración de justicia”, al mantenerse las medidas que benefician a tres imputados con arresto domiciliario.
El jurista afirmó que estos habrían recibido alrededor de 16,000 millones de pesos, de manera conjunta, dentro del alegado entramado de corrupción.
Hernández anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar el fallo “inconstitucional y abusivo”, por limitar —según dijo— los derechos de la parte querellante.
Contexto adicional
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
