Condenan a militares y civiles por tráfico de migrantes

Redacción: Por la Línea
Condenan a militares y civiles por tráfico de migrantes

Santo Domingo.– El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de 15 y 10 años de prisión a militares activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a varios civiles implicados en una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes haitianos, en el denominado Caso Frontera.

Según estableció la sentencia, los militares utilizaban su investidura para permitir el cruce ilegal de ciudadanos haitianos por la frontera norte, entre Dajabón y Montecristi. Los jueces calificaron sus actos como una “afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar”.

Los condenados a 15 años de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes actuaron, según el fallo, con dolo y omisión en el ejercicio de sus funciones.

También sentenciaron a 10 años de prisión los civiles Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, identificados como organizadores claves de los cruces ilegales. La haitiana Edna Josep recibió igual condena, por su participación en el ocultamiento de migrantes dentro del territorio nacional.

Otros ocho procesados, vinculados a la logística de transporte de los migrantes, recibieron condenas de cinco años de prisión. Entre ellos figuran Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó la sentencia como “un fallo histórico que sienta un precedente importante en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional”.

“Este caso refleja violaciones graves a los deberes constitucionales y al compromiso ético que implica vestir un uniforme militar”, sostuvo Bejarán, quien también resaltó la rigurosidad del expediente presentado por el Ministerio Público.

La acusación la sustentó por la PETT, la Fiscalía de Montecristi y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a organismos de inteligencia del Estado.

La litigación estuvo a cargo de la procuradora María Elena Carrasco Veras, los fiscales Grimaldi Oviedo, Jhensy Víctor, Miguel Crucey y Aleika Almonte, y contó con el respaldo legal de Jissell González, abogada adscrita a la PETT.

El proceso también recibió el apoyo de la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet), la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

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