Operación Colibrí envía ocho a prisión

Redacción: Por la Línea
Operación Colibrí envía ocho a prisión

Santiago de los Caballeros.– Un juez de instrucción dictó penas de 6, 5 y 3 años de prisión contra ocho personas procesadas en la Operación Colibrí, tras acoger el procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público. El caso involucra una red dedicada a la falsificación masiva de documentos públicos y privados.

Condenas impuestas

En el juicio abreviado resultaron con seis años de prisión:
Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas.

Mientras que Yanuel Morales Rodríguez (Google) recibió cinco años de prisión, y José Carlos Montero tiene condena a tres años.
Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.

El juez Job García Hurtado admitió el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de las penas, tomando en cuenta el tiempo que los imputados permanecieron privados de libertad. Entre las reglas establecidas figura residir en su último domicilio declarado y notificar cualquier cambio al juez de Ejecución de la Pena.

Imputados enviados a juicio

El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público para enviar a juicio ordinario a los imputados:
Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya.

Investigación y alcance del caso

La investigación fue realizada por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la JCE. La misma contó con apoyo de agentes encubiertos de Seguridad Civil. Como querellantes actuaron la Consultoría Jurídica del órgano electoral y la Dicrim, de la Policía Nacional.

Los imputados admitieron su participación en la falsificación de actas de nacimiento, cédulas, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos de armas. Todos admitieron que vendían esos documentos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

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