Surge preocupación empresarial tras cambios recientes aprobados con rapidez legislativa.
Santo Domingo, RD.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó su inquietud por una nueva modificación al proyecto de reforma de la Ley Núm. 225-20 sobre residuos sólidos. La iniciativa fue aprobada recientemente por el Senado de la República. Este cambio vuelve a generar debate en el sector comercio.
Cambios constantes afectan la estabilidad
El gremio explicó que el régimen de contribuciones del artículo 36 fue modificado otra vez por el Congreso. Esto ocurrió pocos meses después de la promulgación de la Ley 98-25. Para la organización, esta práctica mantiene un escenario de incertidumbre jurídica para los contribuyentes. Además, dificulta la estabilidad de las reglas del juego.
La ONEC indicó que el problema no es solo el ajuste en las contribuciones. También preocupa el precedente que deja modificar una ley clave en poco tiempo. Estos cambios se han aprobado con rapidez. Según la entidad, han existido pocos espacios para análisis técnico y baja participación de los sectores involucrados.
Impacto directo en las empresas
El sector comercio señaló que necesita reglas claras y estables. Estas condiciones permiten planificar mejor las operaciones. En ese sentido, la organización afirmó que la planificación financiera y las inversiones no deben depender de cambios constantes.
La entidad recordó que la reforma fue aprobada por el Senado días antes del primer pago semestral. Ese pago tenía fecha límite el 30 de junio. Luego, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones. Entre ellas, cambios en las escalas de aportes y un régimen transitorio para 2025. También se extendieron los plazos de pago para empresas que no habían cumplido.
Llamado a mayor transparencia
La ONEC reiteró que apoya la mejora de la gestión de residuos sólidos. Reconoce que el país necesita financiamiento para enfrentar este reto ambiental. Sin embargo, insistió en que los cambios legales deben basarse en estudios técnicos y consultas amplias.
El gremio también respaldó el llamado de otros sectores empresariales. Estos piden procesos más abiertos y participativos. La intención es lograr equilibrio entre los objetivos ambientales y la seguridad jurídica. Este balance es clave para el desarrollo económico formal.
