Santo Domingo (RD).- El año 2023 se caracterizó por lentos avances en la institucionalidad y de exceso de campaña electoral, según Participación Ciudadana.
Al presentar su balance al año próximo a finaliza, el movimiento no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, vio pocos adelantos en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Según la organización, para el 2023 la sociedad dominicana esperaba la aprobación de un conjunto de leyes de reformas institucionales que fueron prometidas por el actual gobierno y sometidas al Consejo Económico y Social.
Recordó que el año está por terminar sin que el Congreso Nacional muestre voluntad de conocerlas y aprobarlas.
Acusó a la dirigencia política y en especial el Congreso Nacional, de continuar mostrando falta de voluntad para hacer realidad la gran cantidad de reformas que el país reclama.
“Los legisladores se pasaron el año en campañas proselitistas a destiempo, con el resultado de que tendremos que esperar por las reformas mucho tiempo más porque, de seguro, los señores legisladores no encontrarán tiempo para ello el próximo año electoral”, dice la organización.
A decir de participación Ciudadana en este 2023 hubo “algunos avances en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad” marcados por altos y bajos, respecto al desempeño de los diferentes organismos del Estado dominicano.
Puntualizó que las bajas calificaciones recaen en los organismos de control externo, como la Cámara de Cuentas (CCRD) y el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización.
“Mientras que los organismos de control interno, como la Contraloría General de la República (CGRD) y sus unidades de auditoría interna o antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se mantienen o aumentan su incidencia y de alguna manera, han compensado las deficiencias del control externo, por lo que se llevan las notas más altas”, dice.
Lentos avances en la institucionalidad
Apostilla que, tal como se comprometió, el presidente Luis Abinader no se mantuvo indiferente ni tolerante frente a las denuncias que involucran a funcionarios de su gobierno en acciones contrarias a la ley o violatorias a la ética.
“Desde que inició este periodo gubernamental, más de 40 funcionarios públicos han sido destituidos, suspendidos o han tenido que renunciar”, reconoció la entidad.
Participación Ciudadana criticó, como parte de los lentos avances en la institucionalidad, el exceso de campañas a destiempo, irrespeto a las leyes electorales, publicidad estatal masiva, intento de incumplir con la cuota de género, entre otras violaciones.
“El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales. Sin ningún respeto por los plazos establecidos, la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades de precampaña antes de la proclama, violando las disposiciones del artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral”, expresa.
La entidad no partidista reconoce la buena organización electoral y respuesta eficiente del Tribunal Superior Electoral a los casos que se le presentaron.
Reconoció como otros de los logros el nombramiento recientemente del Procurador Fiscal Electoral, Iván Vladimir Féliz Vargas, quien deberá asumir un rol activo en el fortalecimiento del sistema electoral con la persecución de los delitos electorales.
Participación Ciudadana reconoce “avances”
En el ámbito del sistema de justicia reconoce “avances”, pero con fuertes amenazas de que los tribunales permitan la perpetuación de la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos.
“La República Dominicana avanza en su proceso de reforma judicial, tanto desde el lado de los jueces, como del Ministerio Público. Participación Ciudadana entiende que, en sentido general, se ha avanzado en el fortalecimiento de las Altas Cortes”, manifestó.
Considera a la impunidad como la mayor amenaza a la justicia es la impunidad poniendo el ojo en el Poder Judicial “responsable de que la impunidad logre mantenerse a flote por la vía de la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima del proceso”.
Participación Ciudadana considera que se mantienen altos niveles de inseguridad ciudadana y que todavía no se ven los cambios en la Policía Nacional.
“Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023, no ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Todavía la población no se siente protegida por la policía y la confianza en su eficacia y honestidad sigue siendo baja”, expresa
Destaca la eficacia de la Dirección General de Control de Drogas en la incautación de grandes alijos, “aunque el micro comercio de sustancias prohibidas sigue siendo un enorme problema que contribuye a fortalecer la delincuencia”.
