Santo Domingo (RD).- Johnny Portorreal seguirá preso, ordenó la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
La magistrada Clara Luz Almonte rechazó variar la medida coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria al abogado, acusado por el Ministerio Público de estafar a 283 personas de apellido Rosario.
El encartado prometió a los hoy querellantas una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un banco en el extranjero por un pariente lejano de apellido Rosario, lo que nunca cumplió.
La decisión se produjo luego de acoger un pedimento de los fiscales litigantes Magaly Sánchez, Rafael Reyes y Laura Vargas.
Los representantes del Ministerio Público advirtieron la probabilidad de que Portorreal, de permanecer en libertad o prisión domiciliaria, vaya a sustraerse a la acción de la justicia.
Johnny Portorreal seguirá preso, ordenó jueza
Los fiscales insistieron en que no variaron los presupuestos que permitan variar la prisión por una medida menos gravosa.
Previo al rechazo, la jueza intentó conocer, por tercera ocasión, el juicio que se le sigue a Portorreal Reyes y a otras tres personas parte de la acusación por estafa millonaria, pero la audiencia la aplazaron para el 31 de agosto próximo.
En esa fecha se deben conocer dos incidentes y notificar a varios querellantes que no le enviaron la citación a la vista de aplazada.
La acusación contra el abogado, Miguelina Gómez Santana, Miguel D´Oleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz indica que estos se asociaron para estafar con 16 millones de pesos a cientos de personas de apellido Rosario.
La estafa consistió en el cobro de altas sumas de dinero, que van desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con la promesa de hacer las diligencias del supuesto cobro de una presunta herencia millonaria.
El Ministerio Público otorgó al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.
