Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó las políticas ambientales del Gobierno y criticó el reciente decreto contra los delitos medioambientales. El secretario de Medio Ambiente de la organización, Paíno Abreu Collado, acusó a la administración del Partido Revolucionario Moderno de actuar como “terrorista ambiental”.
Abreu sostuvo que el decreto presidencial no introduce medidas sustancialmente nuevas. Afirmó que la legislación dominicana ya contempla sanciones contra distintos delitos ambientales. El dirigente opositor planteó que el principal problema radica en la aplicación efectiva de las normas existentes.
FP cuestiona efectividad de las medidas
Abreu citó el artículo 265 de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal dominicano. Según explicó, esa disposición contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión por incendios provocados en determinados espacios protegidos.
También mencionó multas de entre 30 y 40 salarios mínimos del sector público para algunas de esas infracciones. Las cifras y referencias legales fueron presentadas por el dirigente político durante sus críticas al Gobierno. Abreu afirmó que entre 2020 y 2025 se registraron 2,558 incendios y 11,970 infracciones vinculadas con tala y vertederos improvisados.
Sostuvo que durante ese período solo se produjeron 219 condenas. El dirigente atribuyó esas estadísticas a registros oficiales. La publicación consultada no presenta documentos oficiales que permitan verificar de manera independiente todas las cifras ofrecidas por Abreu.
Contexto adicional
Las declaraciones surgen después de que el presidente Luis Abinader emitiera el Decreto 615-26, anunciado el 2 de septiembre. La disposición declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate contra lo que el Gobierno denomina “terrorismo medioambiental”.
El decreto prioriza la protección de parques nacionales, cuencas hidrográficas, presas, manglares, humedales y nacimientos de ríos. También instruye a varias instituciones estatales a coordinar acciones para prevenir, investigar y perseguir agresiones graves contra los recursos naturales.
El Gobierno informó que las infracciones que afecten parques nacionales podrán recibir sanciones de 20 a 30 años de prisión, conforme al Código Penal. La FP, sin embargo, sostiene que el desafío principal no está en crear nuevas disposiciones. Plantea que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de las leyes existentes.
