La Junta Central Electoral (JCE) ordenó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspender de inmediato actividades consideradas como campaña anticipada, luego de verificar la difusión de mensajes proselitistas en medios de comunicación y redes sociales. La decisión surge tras constatar que dirigentes de esa organización política emitieron declaraciones orientadas a captar votos en un período en el que la ley lo prohíbe.
El órgano electoral notificó la intimación mediante acto de alguacil y recordó que la normativa vigente —incluida la sentencia TSE/0011/2025 del Tribunal Superior Electoral, la Ley 33-18 de Partidos y la Ley 20-23 del Régimen Electoral— delimita con claridad los momentos en que los partidos pueden promover precandidaturas o candidaturas. Estas disposiciones buscan garantizar equidad y orden en el calendario electoral, un tema que ha generado reiterados llamados de atención en procesos anteriores.
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En los últimos ciclos electorales, la JCE ha reforzado su vigilancia sobre las actividades partidarias fuera del período permitido. Esto ocurre por el crecimiento del proselitismo digital y la aceleración de estrategias políticas en redes sociales. Las advertencias buscan evitar que las organizaciones tomen ventaja indebida y garantizar que la competencia se mantenga dentro del marco legal. El PRM, como partido oficialista, ya recibió señalamientos similares en procesos previos, lo que añade relevancia a la nueva intimación.
Las órdenes de la JCE
En su resolución, la JCE dispuso dos mandatos centrales:
Intimar formalmente al PRM a adoptar medidas para que sus dirigentes, miembros y militantes suspendan declaraciones o actividades con características de promoción anticipada.
Exigir al partido, en un plazo de diez días hábiles, una constancia depositada ante la Secretaría General de la JCE que confirme que notificó a su militancia sobre las advertencias del órgano electoral.
La Junta advirtió que, si el PRM no cumple con estas disposiciones, el Pleno abrirá de inmediato un procedimiento administrativo sancionador, a cargo de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares.
La medida coloca nueva presión sobre el partido gobernante en un momento en que las señales de reorganización interna y la exposición mediática de sus dirigentes han intensificado el escrutinio público.

