Cuestiona disposiciones fiscales que afectarían derechos fundamentales de contribuyentes dominicanos.
Santo Domingo, RD. – La abogada tributarista, Pablita Cabrera Martínez, depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la recién promulgada Ley 30-26, sobre Medidas Procrecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional. La jurista sostiene que varios apartados de la normativa vulneran derechos fundamentales y generan un escenario de inseguridad jurídica para los contribuyentes.
Cuestionamientos a retención sobre alquileres
La experta en litigios impositivos, penales y corporativos argumentó que el literal A del artículo 17 impone una retención del 15% sobre los alquileres de manera abierta, trasladando esta responsabilidad a personas que no han sido designadas formalmente como agentes de retención. Según explicó, esta disposición carece de precisión normativa y afecta directamente a quienes participan en operaciones de arrendamiento, sin establecer criterios claros de aplicación.
Cabrera Martínez precisó que la ley establece este gravamen sin diferenciar si se trata de bienes muebles o inmuebles. Además, no distingue entre personas físicas y jurídicas, lo que, a su juicio, genera una carga desproporcionada y ambigua dentro del sistema tributario dominicano.
Pago previo y limitaciones al derecho de defensa
Asimismo, la especialista impugnó el párrafo IV del artículo 2, al considerar que en la práctica obliga a los contribuyentes a pagar la deuda exigida antes de poder ejercer su derecho a defensa ante los tribunales. De no hacerlo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) queda facultada para ejecutar embargos preventivos de manera automática.
En ese sentido, advirtió que esta disposición constituye una violación al debido proceso, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, pilares esenciales del orden constitucional. La medida, según explicó, coloca a los ciudadanos en una posición de desventaja frente a la administración tributaria.
Alegada contradicción con jurisprudencia constitucional
Finalmente, la abogada, quien actúa en representación de la Asociación de Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (Emudeli), alertó que la legislación incurre en una defraudación a la jurisprudencia constitucional dominicana. Indicó que el texto legal presenta una contradicción significativa, ya que aunque establece que no es obligatorio el pago previo para recurrir, simultáneamente habilita a la DGII a imponer sanciones si el contribuyente decide apelar sin cumplir con dicha obligación.
Esta situación, según Cabrera Martínez, deja a emprendedores y contribuyentes en un estado de indefensión jurídica, al limitar de facto su capacidad de impugnar decisiones administrativas sin enfrentar consecuencias económicas inmediatas. La acción depositada busca que el Tribunal Constitucional evalúe la compatibilidad de estas disposiciones con los principios fundamentales consagrados en la Constitución.
