Santo Domingo (RD).- El Gobierno declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a utilizarse en las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de obras como consecuencia de los daños ocasionados por la explosión e incendios ocurridos la ciudad de San Cristóbal.
La medida está contenida en el decreto número 375-23 del 17 de agosto de 2023 que tiene como objetivo agilizar la ayuda a San Cristóbal ante la evaluación preliminar de los daños sufridos por la población de esa demarcación.
La orden del Poder Ejecutivo autoriza a distintas instituciones del Estado a realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia nacional, para contrarrestar los efectos de la explosión e incendios ocurridos en la ciudad de San Cristóbal.
“Estos procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas”, aclara un parte de prensa de la Presidencia.
Las instituciones deberán rendir un informe en detalle sobre las compras y contrataciones realizadas a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, con el deber de difundirlo a través del Portal de la institución, así como en el Portal Transaccional.
Gobierno declaró de emergencia las compras
La declaratoria de estas compras y contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de treinta (30) días a partir de la fecha de emisión del decreto 375-23.
Entre las instituciones instruidas a prestar especial asistencia están los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social; de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
También el Servicio Nacional de Salud, el Programa de Medicamentos Esenciales, la Defensa Civil, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.
Además, los Comedores Económicos del Estado Dominicano, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y las empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana y Distribuidora de Electricidad del Sur.
