La suspensión del registro de proveedores del Estado para dos empresas vinculadas al llamado “cartel de los suplidores” generó gran revuelo en sectores atentos a la vigilancia de los procesos de compras públicas. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP) confirmó que aplicó la medida contra Interseas Dominicana, SRL (RNC 131734529 y RPE 77224) y Aspadom, SRL (RNC 132745639 y RPE 121664), compañías relacionadas con el empresario Munir Kury.
Ambas empresas habían ganado el pasado 21 de noviembre dos licitaciones en los Comedores Económicos, con un monto combinado de RD$423,849,479.43, y actualmente están bajo investigación por presunta estafa, colusión, prevaricación y otros delitos contra el Estado.
La DGCCP explicó que la suspensión funciona como medida preventiva para impedir que las compañías continúen las actividades que se investigan. La institución subrayó que no se trata de una sanción definitiva, sino de una acción cautelar para proteger el sistema de contrataciones públicas y evitar obstáculos futuros en caso de que se confirmen responsabilidades penales o administrativas.
“Esta suspensión no constituye propiamente una sanción, sino una medida cautelar necesaria para proteger el sistema de compras públicas, evitar la continuidad de los presuntos ilícitos y facilitar, de ser necesaria, la ejecución de rescisiones contractuales”, indicó Compras y Contrataciones. Añadió que, como órgano rector, debe actuar con diligencia y cautela para impedir que conductas anticompetitivas sigan generando efectos perjudiciales.
Contexto
La decisión ocurre mientras la Procuraduría General de la República investiga empresas y consorcios por presunta comisión de delitos contra la Administración en procesos de contratación pública. Estas pesquisas buscan desmontar redes que, según las autoridades, han vulnerado principios de competencia y transparencia en el suministro de bienes y servicios al Estado. El caso mantiene en alerta a distintos sectores, que esperan que las medidas adoptadas marquen un precedente en el control de prácticas irregulares dentro del sistema de compras.
