La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó a las autoridades nacionales a priorizar el fortalecimiento institucional, promover un diálogo basado en evidencia y garantizar el respeto al marco legal vigente como condiciones indispensables para cualquier reforma estructural que impacte derechos fundamentales, como la propuesta de fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Advertencia sobre riesgos institucionales
A través de un comunicado, Finjus sostuvo que la transformación del sistema educativo nacional requiere condiciones de madurez institucional, estabilidad política y confianza social, además de un clima propicio para el diálogo informado. En ese sentido, advirtió que, en las circunstancias actuales, una fusión ministerial de esta naturaleza podría generar incertidumbre, inestabilidad jurídica y afectar la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo educativo y científico del país.
La entidad subrayó que las reformas de alto impacto institucional deben estar sustentadas en procesos cuidadosamente planificados y alineados con los principios del Estado de derecho.
Necesidad de consenso y evidencia
Finjus indicó que una reforma de este alcance exige la existencia de un consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y la evaluación de modelos comparados aplicados en otros países. A su juicio, estos elementos son esenciales para garantizar que cualquier cambio estructural produzca beneficios sostenibles y no debilite el sistema educativo.
“Hasta el momento, no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica y científica, así como a las instituciones de educación superior y a la sociedad civil organizada”, señaló la fundación.
Propuesta considerada prematura
Finjus consideró que la ausencia de un proceso participativo amplio y de un análisis profundo convierte la propuesta de fusión en prematura. Indicó que decisiones de esta magnitud deben surgir de un debate nacional informado, que permita evaluar impactos legales, administrativos y académicos a corto, mediano y largo plazo.
Finalmente, reiteró su llamado a que las autoridades promuevan espacios de diálogo inclusivos y fundamentados, como vía para fortalecer el sistema educativo y garantizar reformas alineadas con el interés público y el desarrollo del país.
