La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó fuertes preocupaciones sobre el nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Senado y enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La entidad alertó que varias disposiciones podrían incentivar la prisión preventiva casi automática, pese a ser una medida de carácter excepcional.
FINJUS sostiene que los cambios amplían los criterios de arraigo, flexibilizan los requisitos para imponer medidas de coerción y fortalecen la discrecionalidad del Ministerio Público. Estos puntos, advierte la organización, pueden afectar la presunción de inocencia y aumentar la población privada de libertad sin condena.
El vicepresidente de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que el texto presenta problemas estructurales. Mencionó posibles afectaciones al debido proceso, dudas sobre la suspensión de la prescripción y un “desequilibrio procesal” a favor del Ministerio Público.
Contexto: un debate que FINJUS considera insuficiente
Castaños Guzmán insistió en que el Congreso debió retomar la versión del CPP aprobada en 2015 antes de introducir cambios tan amplios. Subrayó la magnitud del impacto con una frase contundente: “Aquí no estamos modificando una ley de alquileres… estamos modificando probablemente el texto más importante después de la Constitución.”
Afirmó que, si hubiese consenso, no existiría conflicto, pero recordó que “no nos hemos podido poner de acuerdo”.
Según FINJUS, la reforma sí es necesaria, pero requiere un proceso más cuidadoso: “El código requiere que lo ajustemos, claro que sí, pero no de esa forma.”
Trámite pendiente en el Poder Ejecutivo
El proyecto, aprobado por 28 senadores, será remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir entre su promulgación o observación dentro del plazo constitucional.
