Santiago.-La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), a través de su presidente Antonio Marte, exigió al Gobierno y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que se incluya a los verdaderos operadores del transporte en el sistema que se desarrolla en la ciudad de Santiago, especialmente en la operación de corredores, rutas alimentadoras y terminales regionales.
Durante una rueda de prensa celebrada en Santiago, con la participación de representantes de más de 40 rutas y la presencia de autoridades como el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos y el director de Coraasan, Andrés Cueto, Marte declaró que no permitirán que se excluya a los transportistas que durante décadas han sostenido el servicio en condiciones difíciles.
Aseguró que muchas de las empresas del sector han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para obtener licencias de operación, pero siguen esperando la decisión del Intrant. Advirtió que se otorga un plazo de un mes al director de esa entidad para entregar dichas licencias a las rutas de las 14 provincias del Cibao.
Marte también llamó al Gobierno a no dejarse presionar por personas sin vínculos reales con el sector transporte y reiteró que es urgente poner en marcha los nuevos corredores mediante alianzas público-privadas, así como las rutas alimentadoras del tranvía y el teleférico. Enfatizó que las unidades afiliadas a Conatra deben ser integradas al sistema como parte fundamental del transporte regional.
Durante su intervención, el presidente de Conatra recordó que existe una deuda social acumulada con los choferes del transporte público que han dedicado su vida al servicio sin recibir respaldo del Estado. Solicitó al Gobierno crear un programa de pensiones dignas para esos trabajadores, que en su vejez viven sin seguridad social, sin medicinas ni ingresos suficientes para subsistir.
Asimismo, exigió que se transparente el uso de los fondos recaudados a través del impuesto de dos pesos por galón de combustible, establecido por la Ley 253-12, destinados al programa de deschatarrización y a la adquisición de una nueva flotilla de transporte público, recursos cuyo uso el Gobierno no ha aclarado.
Finalmente, Marte pidió la aplicación efectiva y equitativa de la Ley 63-17 sobre Tránsito y Movilidad, y propuso establecer una mesa de diálogo permanente con la participación de sindicatos, empresarios del transporte, conductores y comunidades, para asegurar una transformación del sistema que incluya a todos los actores del sector. Afirmó que el futuro del transporte no se puede diseñar desde un escritorio, sino en el terreno, junto a quienes lo hacen posible cada día.

