La propuesta para atraer capital extranjero reabre el debate sobre cuánto vale pertenecer a un país.
Argentina. – El Gobierno de Javier Milei pondrá en marcha durante el cuarto trimestre de 2026 un Programa de Ciudadanía por Inversión, que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante determinados aportes económicos. La iniciativa busca atraer capitales y forma parte de la estrategia oficial de apertura e integración internacional.
El esquema contempla dos mecanismos. El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional. El segundo establece la suscripción de un título público específico por 800.000 dólares, mediante el cual los inversores aportarían recursos al Estado para una finalidad determinada.
La propuesta, sin embargo, no plantea que cualquier persona que entregue el dinero obtenga automáticamente la nacionalidad. El Gobierno argentino estableció mecanismos de evaluación y controles vinculados con la seguridad, los antecedentes, la transparencia financiera y el origen de los fondos.
Evaluación de los solicitantes
Enrique L. González, director general de F2F Invest Latam, explicó que el procedimiento contempla una revisión de cada solicitud antes de que se tome una decisión definitiva. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión evalúa los pedidos y emite una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo encargado de resolver.
La legislación argentina modificada en 2025 ya contempla la posibilidad de que extranjeros que hayan realizado una inversión relevante en el país puedan solicitar la naturalización, sin importar el tiempo de residencia. Además, creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión dentro del Ministerio de Economía para diseñar, gestionar y controlar estos programas.
El Gobierno informó que el programa aplicará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de organismos internacionales. También señaló que las solicitudes estarán sujetas a controles destinados a preservar la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero.
La ciudadanía por inversión no es nueva
Argentina no es el primer país que utiliza mecanismos de inversión para facilitar el acceso a la ciudadanía. En el Caribe, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves cuentan con programas de este tipo, mientras que otros países han desarrollado esquemas destinados a atraer inversionistas mediante permisos de residencia.
El debate internacional sobre estos modelos, no obstante, se ha intensificado. En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el programa de ciudadanía por inversión de Malta era contrario al Derecho de la Unión Europea. El tribunal consideró que una naturalización basada en pagos o inversiones predeterminadas tenía una naturaleza transaccional y suponía la comercialización de la nacionalidad.
La decisión europea sostuvo que, aunque cada Estado miembro conserva competencias para establecer las condiciones de adquisición de su nacionalidad, debe ejercerlas respetando el Derecho de la Unión. El fallo puso nuevamente en el centro del debate la relación entre ciudadanía, pertenencia política y capacidad económica.
Capital extranjero frente a inversión productiva
Para Enrique L. González, una cuestión central será determinar si los recursos captados mediante el programa terminan convirtiéndose en inversión productiva. El ingreso de dólares y el financiamiento directo al Estado pueden tener un efecto fiscal y financiero, pero no equivalen automáticamente a inversión extranjera directa.
El especialista señaló que el dinero recibido no necesariamente se traduce en la construcción de un hotel, una fábrica, un proyecto minero o nuevos empleos. El impacto podría ser mayor si el programa consigue acercar a Argentina a empresarios y familias con patrimonio internacional que actualmente no consideran al país dentro de sus opciones de inversión.
En ese escenario, parte del capital podría llegar posteriormente a empresas, proyectos y activos argentinos. La diferencia entre captar recursos y generar actividad económica sostenible aparece así como uno de los principales puntos de análisis del programa.
¿Puede comprarse la ciudadanía?
La socióloga Marcela F. González, especialista en inmigración en las Américas y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, plantea otra perspectiva sobre la iniciativa. A su juicio, más que ciudadanía por inversión, podría hablarse de ciudadanía a cambio de un aporte económico.
La académica sostiene que la propuesta argentina no establece como requisito la creación de empleos, la instalación de una empresa, la generación de exportaciones, la transferencia tecnológica u otro aporte económico que pueda ser comprobado.
Desde esta perspectiva, la ciudadanía representa algo más que un activo económico. Implica pertenecer a una comunidad política, ejercer derechos y asumir obligaciones como integrante del cuerpo ciudadano de un país.
La especialista también señala que existen otros instrumentos para atraer capital extranjero, entre ellos los programas de residencia por inversión, que permiten captar recursos sin convertir directamente la ciudadanía en una contraprestación económica.
Debate sobre las reglas de ciudadanía
La propuesta también abre una discusión institucional. Marcela F. González recuerda que las normas relacionadas con la ciudadanía y las políticas migratorias han sido históricamente reguladas en Argentina mediante leyes aprobadas por el Congreso.
En este caso, sostiene, el régimen fue modificado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, mientras que el Ministerio de Economía adquirió un papel central para establecer qué inversiones pueden ser consideradas relevantes para acceder a la ciudadanía.
Para la académica, esta situación plantea interrogantes sobre la división de poderes y sobre qué autoridad debería establecer las condiciones para formar parte de la comunidad política argentina.
Así, el programa anunciado por el Gobierno de Milei no solo plantea una nueva vía para atraer capital extranjero. También vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta de fondo: qué significa adquirir la ciudadanía de un país y hasta qué punto una contribución económica puede formar parte de ese proceso.
Fuente: DW
