El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que no se han producido cambios en la relación entre República Dominicana y Venezuela, la cual se mantiene en pausa, mientras persista la actual situación política en ese país suramericano.
El canciller explicó que la posición del Gobierno dominicano sigue siendo clara y consistente, y reiteró que cualquier normalización de las relaciones bilaterales dependerá de la existencia de un Gobierno legítimo y democrático en Venezuela.
Durante declaraciones a la prensa, Álvarez sostuvo que la crisis venezolana requiere la participación coordinada de todos los países del continente, debido a la complejidad política e institucional que enfrenta esa nación. Señaló que ningún país puede enfrentar esta situación de manera aislada.
Énfasis en el diálogo y la estabilidad
El jefe de la diplomacia dominicana subrayó que la preservación de la paz social debe ser una prioridad, y consideró que el diálogo es la única alternativa viable para encontrar una salida a la crisis política venezolana.
Indicó que aún es prematuro hablar de nuevos procesos electorales, debido a las condiciones actuales, y llamó a la comunidad internacional a actuar con prudencia y responsabilidad frente al escenario venezolano.
Álvarez recalcó que la República Dominicana mantiene una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos, sin imposiciones externas.
Relaciones diplomáticas sin ruptura formal
El canciller aclaró que las relaciones entre ambos países no están formalmente rotas, sino suspendidas, ya que actualmente no existen representantes diplomáticos ni consulares entre República Dominicana y Venezuela.
No obstante, precisó que esta situación podría revertirse en el futuro, si se producen cambios que garanticen legitimidad democrática y transparencia institucional en el país suramericano.
Postura frente a los gobiernos venezolanos
Álvarez recordó que el Gobierno dominicano no reconoció a Nicolás Maduro como presidente, tras las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, al considerar que carecieron de garantías democráticas, observación internacional válida y publicación de actas electorales.
Asimismo, afirmó que la presidencia interina encabezada por Delcy Rodríguez carece de legitimidad, al originarse en el mismo esquema político cuestionado por la comunidad internacional.
