Tras nuevos hallazgos, fiscales solicitan coerción contra implicados en fraude millonario estatal.
Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 25 imputados arrestados en la Operación Cobra 2.0-A. Esta acción forma parte de las investigaciones sobre un entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo que depositó la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además, el órgano acusador pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la magnitud de los hechos.
Según la investigación, el monto sustraído supera los 40 millones de pesos, producto de maniobras fraudulentas realizadas en complicidad con empleados de la ARS estatal y otros actores vinculados al sector salud.
Imputados y red vinculada al sector salud
El expediente, de unas 525 páginas, incluye a múltiples imputados, entre ellos exempleados del SeNaSa, médicos y presuntos colaboradores. Entre los señalados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También están incluidos profesionales de la salud como Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero y Guillermo Enrique Dicló Garabito, entre otros.
El Ministerio Público sostiene que los implicados actuaron en asociación criminal para ejecutar una estafa contra el Estado dominicano, afectando directamente los recursos destinados a la población afiliada al sistema de salud pública.
Argumentos del Ministerio Público
Durante declaraciones ofrecidas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Mirna Ortiz explicó que esta fase constituye la tercera operación dentro del caso Cobra. Indicó que existen múltiples líneas de investigación que evidencian diferentes mecanismos utilizados para desfalcar el SeNaSa.
“Esta es otra evidencia de las distintas formas en que se sustrajeron fondos públicos. Hemos presentado medidas contra 25 personas vinculadas al sector salud y a la institución”, afirmó la procuradora.
Ortiz subrayó que se trata de fondos públicos, por lo que el perjuicio impacta directamente al pueblo dominicano. Asimismo, adelantó que las investigaciones podrían ampliarse conforme avance el proceso judicial.
Alcance operativo e investigación
La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En el operativo participaron 45 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y el apoyo del DNI.
El Ministerio Público ha documentado evidencias de sobornos, falsificación de documentos, alteración de estados financieros y la creación de programas sin respaldo legal. Estas acciones habrían sido utilizadas para desviar recursos mediante esquemas fraudulentos.
Antecedentes del caso Cobra
En la primera fase del proceso, las autoridades arrestaron a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla del entramado. Junto a él fueron detenidos otros implicados vinculados a la estructura criminal.
Los cargos que enfrenta el grupo incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos. Las autoridades aseguran que el esquema operaba de forma sistemática dentro del SeNaSa.
Conexión con otras investigaciones
Como parte de las líneas investigativas, el Ministerio Público también ejecutó la Operación Onco14 en junio pasado. Este caso llevó al arresto de varias personas vinculadas a irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Las autoridades sostienen que ambas investigaciones reflejan un patrón de corrupción que impacta el sistema de salud y los recursos destinados a pacientes. El proceso continúa en fase inicial, mientras se espera la fijación de audiencia para conocer la medida de coerción.
