Advierte nuevas cargas sin estudios técnicos agravan presión sobre comercio
Santo Domingo, RD.– La Organización de Empresas Comerciales (ONEC) expresó su rechazo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), recientemente aprobada por el Senado de la República. La entidad considera que esta reforma incrementa de manera significativa las cargas económicas sobre el sector comercial, sin contar con estudios técnicos ni análisis de impacto que respalden su alcance.
La organización advirtió que el comercio dominicano enfrenta un escenario complejo, marcado por la acumulación de medidas fiscales que no han sido evaluadas de forma integral. En ese contexto, cuestionó que se introduzcan nuevas obligaciones sin una visión global que permita medir sus efectos reales sobre la actividad económica.
Acumulación de cargas y falta de evaluación
ONEC señaló que el sector aún no ha concluido la evaluación del impacto derivado de la reciente reforma fiscal, cuando ya debe asumir una nueva carga, presentada como una contribución ambiental. A juicio del gremio, esta práctica evidencia una desconexión en la formulación de políticas públicas, que se implementan sin analizar los resultados de disposiciones anteriores.
Asimismo, criticó lo que define como un patrón recurrente en la toma de decisiones legislativas: aprobar medidas sin la debida consulta a los sectores involucrados y sin estudios que sustenten su viabilidad. “El sector comercial apoya la gestión correcta de los residuos. Lo que no puede sostener es que cada nueva ley llegue a cobrarle la cuenta”, expresó la organización.
Cuestionamientos sobre el uso de los recursos
La entidad también puso en duda el destino de la contribución especial contemplada en la reforma. Según explicó, este tipo de mecanismo debe estar orientado exclusivamente a financiar objetivos ambientales específicos. Sin embargo, alertó que su uso para cubrir necesidades presupuestarias de los municipios desnaturaliza su propósito original.
“Cuando ese propósito se amplía para resolver otras necesidades, la contribución deja de ser especial y se convierte en un impuesto encubierto”, indicó ONEC, al tiempo que insistió en la necesidad de preservar la transparencia en la asignación de recursos públicos.
Marco legal y financiamiento municipal
En ese sentido, la organización recordó que la Ley 166-03 establece que los ayuntamientos deben recibir el 10 % de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. A su entender, si este mecanismo resulta insuficiente, la solución debe centrarse en corregir esa disposición, y no en desviar fondos provenientes de contribuciones ambientales.
Críticas al proceso de aprobación
Finalmente, ONEC cuestionó el procedimiento mediante el cual se aprobó la modificación legislativa. Señaló que la tramitación acelerada de la iniciativa limitó el debate técnico y excluyó la participación de los sectores directamente impactados, lo que debilita la calidad de la normativa.
La organización reiteró su llamado a que las políticas públicas se diseñen con base en evidencia, consultas amplias y análisis rigurosos, a fin de garantizar su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.

