Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, detuvo el proceso de contratación para servicios de nutrición tras denuncias de ilegalidad y falta de transparencia.
El funcionario explicó que el proceso fue introducido en diciembre de 2025 por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad. Indicó que la actual gestión le dio continuidad institucional.
Sin embargo, tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, la institución identificó observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial. Esa situación motivó la decisión de paralizar formalmente el proceso y hacerlo de conocimiento público.
Incluyen procesos de nutrición y diálisis
Landrón informó que ordenó la detención de todos los procesos de licitación en curso en la institución. La medida incluye los relacionados con servicios de nutrición y diálisis.
Precisó que la revisión se realizará junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas, con el objetivo de garantizar que cada procedimiento se ajuste estrictamente a las normativas vigentes.
Aseguró que la paralización no afectará la continuidad de los servicios a los pacientes. “Se preservará el suministro continuo”, afirmó.
Nuevos concursos en hospitales públicos
El titular del SNS anunció la convocatoria de nuevos concursos para servicios de nutrición directamente en hospitales públicos. Estos procesos se ajustarán a las necesidades específicas de cada centro de salud.
Detalló que contarán con el acompañamiento y supervisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Según explicó, esto permitirá procesos más eficientes y transparentes dentro de la Red Pública de Salud.
Apego a la Ley 340-06
Landrón reiteró que, junto a la DGCP, se revisarán de forma integral todos los procesos de compras y contrataciones. Señaló que se fortalecerán los principios de transparencia, equidad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 y sus reglamentos.
Sostuvo que en su gestión primarán la ética, los valores y la transparencia. Agregó que el objetivo es garantizar servicios de calidad y proteger la correcta administración de los recursos del Estado.

