Suspenden 300 funcionarios como proveedores

Redacción: Por la Línea
Suspenden 300 funcionarios como proveedores

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió a 300 funcionarios del Registro de Proveedores del Estado.
La medida responde a que estos servidores se encuentran bajo el régimen de incompatibilidad establecido por la ley.

La disposición impide que los funcionarios suscriban contratos con el Gobierno mientras ocupen cargos públicos.
El objetivo es prevenir conflictos de interés en los procesos de contratación estatal.

El director de la institución, Carlos Pimentel, explicó que la suspensión tiene carácter preventivo.
Indicó que busca evitar irregularidades administrativas y fortalecer la transparencia en las compras públicas.

Pimentel señaló que la exclusión se mantendrá mientras los funcionarios continúen en ejercicio de sus funciones.
Una vez cesen en los cargos, podrán solicitar su reincorporación, conforme a la normativa vigente.


Alcance de la medida

La suspensión abarca a funcionarios electos y designados dentro de la administración pública.
Entre ellos figuran senadores, diputados, alcaldes, ministros, regidores y vocales.

Según explicó la DGCP, la ley prohíbe que estos servidores mantengan vínculos contractuales con el Estado.
La restricción aplica tanto a contratos directos como a otras modalidades de contratación pública.

La entidad reiteró que el Registro de Proveedores del Estado debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad y equidad.
Esto garantiza condiciones justas para los oferentes del sector privado.


Contexto adicional

La Dirección General de Contrataciones Públicas es el órgano rector del sistema de compras del Estado.
Su función principal es regular, supervisar y transparentar los procesos de contratación gubernamental.

La aplicación del régimen de incompatibilidades forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad institucional.
También busca reforzar la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

La medida se inscribe dentro del marco legal vigente en la República Dominicana.
Las autoridades reiteraron su compromiso con una gestión pública ética y transparente.

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