El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena, emitirá su fallo sobre el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), este domingo a las 6:00 de la tarde.
El magistrado anunció la decisión la madrugada de este sábado, tras una jornada judicial que se extendió por más de 10 horas, en la que las partes expusieron sus argumentos sobre la solicitud de medidas de coerción contra los imputados.
Siete imputados enfrentan posible prisión
El magistrado determinará si acoge la solicitud del Ministerio Público, de prisión preventiva para siete de los acusados, señalados por su presunta participación en una estafa contra SENASA, que habría superado los 15,000 millones de pesos.
El órgano acusador sostiene que los imputados habrían causado un perjuicio significativo al Estado mediante acciones fraudulentas que afectaron los recursos de la aseguradora estatal.
Ministerio Público favorece a tres acusados
Durante la audiencia celebrada este viernes, el Ministerio Público informó que solicitó medidas cautelares, y no prisión preventiva, para tres de los diez imputados, tras alcanzar un acuerdo de cooperación con estos.
Los beneficiados son Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes, de acuerdo con informaciones confirmadas, han colaborado con la investigación que desarrollan las autoridades.
Medidas solicitadas por la acusación
Las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público incluyen:
Presentación periódica ante las autoridades
Impedimento de salida del país
Pago de una fianza de un millón de pesos
Según explicaron abogados defensores de algunos imputados, el acuerdo con estos tres acusados se produjo luego de que admitieran haber sido víctimas de extorsión por parte de otros involucrados, información que fue considerada relevante para el proceso.
Expectativa por la decisión judicial
El fallo de este domingo definirá las condiciones en que los imputados continuarán enfrentando el proceso judicial, en un caso que ha generado amplio interés público. Por el monto del presunto fraude y su impacto en una institución clave del sistema de salud estatal.
