Santo Domingo (RD).- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará el próximo 21 de agosto el nuevo juicio en contra de los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
La información la ofreció la fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que el motivo del aplazamiento fue que una de las partes que representa a la empresa Magycor presentó una situación de salud, razones por las cuales recibe atenciones médicas.
Sobre el calendario de audiencias que iniciaría en el día de hoy, indicó que siguen fijadas las fechas que ya se han cronometrado, que son el lunes 21 y el 28 de agosto hasta el momento.
“Vamos a seguir con esa agenda, siempre que las circunstancias lo permitan, iniciaremos la instrucción de este nuevo juicio”, precisó.
El pasado de 4 de agosto la audiencia se aplazó para este lunes 17 luego de que las partes expusieran la necesidad de estudiar varios recursos.
El nuevo proceso en contra del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor, se realizará luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera la solicitud del Ministerio Público y anuló en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado.
Juicio en caso Super Tucano
El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano, en el año 2007.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público durante el juicio anterior pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos a los que les atribuyeron. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
