La Unión Europea aprobó este lunes un endurecimiento de sus normas migratorias, que incluye la creación de centros de retorno fuera del bloque para personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. La decisión fue adoptada por los ministros de Interior de los 27 Estados miembros, reunidos en Bruselas, como parte de dos propuestas legislativas destinadas a agilizar los procesos de devolución.
Acuerdos sobre “países seguros”
El Consejo de la UE respaldó un nuevo reglamento que amplía el concepto de tercer país seguro, permitiendo rechazar como inadmisible una solicitud de asilo sin necesidad de demostrar una conexión previa del migrante con el país al que sería enviado. La normativa también contempla que el tránsito por un país o la existencia de un acuerdo con un Estado considerado seguro sean elementos suficientes para aplicar esta figura.
Además, los ministros aprobaron la primera lista común de países de origen seguros, integrada por Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, junto a los países candidatos a la adhesión a la UE, salvo que atraviesen un conflicto armado. La Comisión Europea deberá monitorear periódicamente la situación en estos territorios.
Nuevos procedimientos y restricciones
El paquete legislativo autoriza que los solicitantes trasladados a un tercer país seguro no permanezcan automáticamente en territorio europeo durante la apelación de su caso, aunque mantienen el derecho a solicitar la suspensión de su salida ante un tribunal. También prevé sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar la UE tras recibir una orden de retorno.
La propuesta, que la impulsa Dinamarca, aún necesita aprobación del Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.
División entre los Estados miembros
La votación dejó en evidencia diferencias internas. España, Francia y Portugal rechazaron la normativa sobre el concepto de tercer país seguro. Francia también cuestionó la falta de obligación de notificar acuerdos bilaterales con terceros países y la posibilidad de financiar esos convenios con fondos europeos. En contraste, Alemania apoyó el paquete al considerarlo un marco “más pragmático” y compatible con las obligaciones internacionales.
Reacciones y críticas
Organizaciones humanitarias y sectores de izquierda expresaron su rechazo. Defensores de migrantes advirtieron que las medidas podrían vulnerar derechos y aumentar la exposición de solicitantes a condiciones inseguras. Para la ONG PICUM, la UE está optando por políticas que aumentan la “inseguridad jurídica”.
Fuente: DW.
