Las autoridades procesaron a 50 sospechosos y reforzaron la protección de las víctimas.
Santo Domingo. – La República Dominicana intensificó sus esfuerzos contra la trata de personas, con avances en la persecución penal, la prevención y la asistencia a las víctimas. Estas acciones contribuyeron a que el país ascendiera al Nivel 2 del informe más reciente de la Embajada de Estados Unidos, según la información oficial presentada.
Avances legales contra la trata
Entre las principales medidas figura la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas. El cambio busca eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucran a menores de edad.
Esta modificación procura alinear la legislación dominicana con los estándares internacionales, especialmente en los casos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Además, el Gobierno aprobó y financió con recursos del presupuesto nacional el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. La iniciativa establece una hoja de ruta para continuar los esfuerzos dirigidos a prevenir y combatir este delito.
Como parte de las medidas normativas, también se adoptó la Resolución núm. 13-2024. Esta disposición establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.
Durante el proceso de modificación de la Ley 137-03, las autoridades consultaron a representantes de la sociedad civil y a sobrevivientes de trata. Asimismo, mantienen la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que contempla penas de 20 a 30 años de prisión por la entrega o explotación de menores de 18 años.
Procesan a 50 sospechosos
En el ámbito judicial, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial. Estas cifras reflejan un aumento de las acciones de investigación y persecución penal contra quienes presuntamente cometen este delito.
El informe también destaca las medidas dirigidas a investigar posibles complicidades dentro de las instituciones públicas. En ese contexto, se investigó a ocho funcionarios por su presunta participación en actividades relacionadas con la trata de personas.
De ese grupo, tres enfrentan procesos judiciales. Las actuaciones abarcan incluso a miembros de las fuerzas de seguridad, como parte de los esfuerzos para depurar las instituciones y establecer responsabilidades.
Refuerzan las inspecciones laborales
La prevención también se concentró en sectores económicos vulnerables al trabajo forzoso, como la agricultura, la construcción y la industria azucarera. El Ministerio de Trabajo incrementó las supervisiones hasta alcanzar 1,050 inspecciones laborales.
Durante estas intervenciones, las autoridades detectaron indicios de trabajo forzoso y suspendieron las actividades de 11 empresas privadas. Estas medidas forman parte de las acciones para identificar posibles situaciones de explotación y proteger los derechos de los trabajadores.
De manera complementaria, un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales. La iniciativa busca reducir su vulnerabilidad, mejorar su situación laboral y garantizar su libertad de movimiento.
Identifican a 136 víctimas
En materia de asistencia y protección, las autoridades identificaron a 136 víctimas de trata de personas. De ese total, 134 recibieron atención integral financiada por el Estado, con servicios médicos, apoyo psicológico, asesoría legal y traducción.
La respuesta institucional se desarrolló mediante la coordinación entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Estas entidades mantuvieron en funcionamiento refugios especializados y garantizaron la protección continua de las víctimas y los testigos durante los procesos judiciales.
Además, las autoridades impulsaron campañas preventivas en varios idiomas y mantuvieron las capacitaciones dirigidas al personal encargado de hacer cumplir la ley. Estas acciones buscan mejorar la detección de posibles casos, facilitar el acceso a la información y reforzar la respuesta institucional.
Los resultados abarcan cambios legislativos, investigaciones penales, inspecciones laborales y servicios de protección. Sin embargo, la continuidad de estas medidas resulta fundamental para combatir la trata de personas, prevenir la explotación y garantizar la asistencia a quienes han sufrido este delito.
