Con el objetivo de consolidar los avances en materia de justicia digital, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) depositó ante el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, un anteproyecto que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
El juez presidente Henry Molina encabezó la entrega del documento, acompañado por los magistrados del alto tribunal, subrayando que la propuesta busca optimizar el sistema judicial dominicano, adaptándolo a las nuevas realidades tecnológicas y fortaleciendo la seguridad jurídica.
La reforma introduce dos ejes principales: la digitalización como regla general en todos los trámites judiciales, incluyendo herramientas como la firma digital y un sistema georreferenciado para garantizar la trazabilidad; y un marco más claro para las audiencias virtuales, permitiendo a las partes optar por esta modalidad, con facultad del juez para decidir en caso de desacuerdo.
Además, se contempla la gratuidad de la firma digital para los auxiliares de justicia y el uso de tecnología para eliminar notificaciones fallidas, mejorando así el acceso y la eficiencia del sistema judicial.
Modernización de la justicia
“Esta propuesta es un paso firme hacia una justicia más cercana, ágil y moderna. Más de 112,000 solicitudes tramitadas y 27,000 audiencias virtuales realizadas demuestran que estamos en el camino correcto”, afirmó el magistrado Molina.
El anteproyecto se aprobó previamente en el pleno de la SCJ en su sesión del 9 de octubre, en virtud de la facultad de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución. Durante la presentación en el Senado, estuvieron presentes varios senadores representantes de diferentes provincias, lo que evidencia el interés conjunto por seguir fortaleciendo el marco jurídico digital del país.
Promulgada en julio de 2022, la Ley 339-22 ha sido clave para iniciar la transformación tecnológica del sistema judicial. Con estas modificaciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso de construir una justicia más eficiente, accesible y segura para toda la ciudadanía.
