Santiago (RD).- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago ratifica la prisión preventiva a imputados, como medida de coerción, impuesta a tres del arrestados en la Operación Discovery 2.0.
El caso que involucra a Juan Rafael Parra Arias, Leslie Agnes Succart González y Erick Ángel Peña Núñez, cuyo recurso rechazó el juez en razón de que no aporta garantías a la continuidad del caso y en tanto que existe un imperioso peligro de que se sustraigan del proceso.
El juez que presidió la audiencia valoró la solidez y contundencia de las pruebas y de la investigación de la Fiscalía de Santiago en el caso
Los fiscales José Armando Vidal y Warlyn Alberto Tavárez Reyes, representando al Ministerio Público, expusieron la importancia de mantener y confirmar la medida de coerción que en una primera etapa ordenó contra los procesados la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, consistente en prisión preventiva durante 12 meses.
Los apelantes, quienes integran, junto a otros 22 imputados, una alegada estructura delictiva que, por medios ilícitos, defraudó con millones de dólares a víctimas en Estados Unidos a los cuales estafaban utilizando medios electrónicos, en una sofisticada operatividad que funcionaba desde centros de contacto o Call Centers clandestinos, ubicados en distintas demarcaciones.
Santiago ratifica prisión a imputados
Las maniobras engañosas de los imputados apelantes, la intimidación y usurpación de identidad la descubrieron las autoridades tras más de un año de investigación, análisis de evidencias, vigilancia e inteligencia, en medio de una operación del Ministerio Público que integró, además, a la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
En la operación participó una veintena de fiscales, 200 agentes de operaciones especiales, y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.
También equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
