Familiares de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, sobrevivientes y allegados marcharon este domingo hacia el Palacio Nacional para reclamar justicia por los fallecidos, en la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025.
La caminata fue convocada por el Movimiento Justicia Jet Set e inició a las 2:00 de la tarde desde la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez.
Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas como “Queremos justicia”, “Justicia real por el caso Jet Set” y “No queremos dinero, queremos justicia”. Muchos portaban fotografías de las víctimas, pancartas y globos blancos, en señal de duelo.
La marcha avanzó por la avenida 27 de Febrero y la calle Doctor Delgado, bajo la vigilancia de agentes policiales, mientras ciudadanos se sumaban de manera espontánea al recorrido.
Contexto adicional
Al llegar al Palacio Nacional, se tenía previsto que una comisión entregara una carta dirigida al presidente Luis Abinader. Durante la manifestación, Octavia Méndez, tía de Agustín Méndez, fallecido junto a su esposa Arisleydi, expresó el dolor que persiste en las familias.
“No queremos dinero. Queremos justicia. Ese dinero no nos devuelve a nuestros familiares”, manifestó entre lágrimas.
El sacerdote Rogelio Cruz aseguró que las protestas continuarán hasta que se establezcan responsabilidades. Criticó las declaraciones de los propietarios del centro, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, quienes afirmaron que ya resarcieron al 70 % de los afectados, pese a que no existe una condena judicial.
“La magnitud de este hecho no puede resolverse con dinero. Eso ha provocado más indignación”, sostuvo el religioso.
En la tragedia del Jet Set murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas, entre ellas el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la fiesta la noche del colapso.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazó la audiencia preliminar para el 16 de marzo, fecha a partir de la cual el proceso se conocerá cada lunes.
El magistrado otorgó 10 días al Ministerio Público para notificar formalmente la acusación a los abogados de las víctimas y a los querellantes, y 30 días adicionales para que estos presenten sus escritos de defensa en el proceso seguido contra los propietarios del establecimiento.
