SANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha manejado la inversión pública mediante anuncios reiterados, improvisación y baja ejecución, con efectos negativos para el desarrollo nacional.
Durante una rueda de prensa, la Secretaría de Obras Públicas del PLD recordó que para el año 2025 el Gobierno presupuestó RD$207,751 millones en gasto de capital, cifra que equivale apenas al 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB). A juicio del partido opositor, ese nivel resulta insuficiente para atender las demandas acumuladas de infraestructura, agua potable, transporte, salud y educación.
El PLD explicó que la situación se agrava al analizar la ejecución presupuestaria. Según datos oficiales citados por la organización, al cierre del período fiscal solo se ejecutaron RD$194,768 millones, equivalentes al 2.4 % del PIB, dejando RD$12,983 millones sin utilizar.
Ejecución y planificación
La dirigencia peledeísta sostuvo que el problema no radica en la falta de recursos, sino en debilidades de gestión y planificación. Indicó que mientras miles de millones de pesos permanecieron inmovilizados, diversas comunidades continúan reclamando obras prioritarias y servicios básicos de calidad.
El PLD también advirtió que el Gobierno mantiene la misma tendencia para el año 2026, al proyectar un gasto de capital de RD$215,285 millones, equivalente al 2.5 % del PIB, lo que, según la entidad, confirma la ausencia de un cambio de rumbo en materia de inversión pública.
Como consecuencia de esta situación, el partido citó una serie de proyectos anunciados que no se concluyen o no se inician, entre ellos el Metro de Los Alcarrizos, el Monorriel de Santiago, la solución vial del kilómetro 9, la Circunvalación de San Francisco de Macorís y la entrada de Samaná, además de otros proyectos pendientes.
Propuestas del PLD
El PLD exigió al Gobierno elevar progresivamente el gasto de capital hasta alcanzar un mínimo del 4 % del PIB, así como establecer por ley un porcentaje obligatorio de inversión pública. Además, propuso un plan nacional de infraestructura con prioridades definidas y la creación de un sistema público de monitoreo de obras, accesible a la ciudadanía, con datos actualizados sobre avance físico y financiero.
