Santo Domingo (RD).- Personas con discapacidad marcharon hacia el Palacio Nacional en reclamo del respeto a sus derechos, convocados por la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid) y sus organizaciones miembros.
En un documento contentivo de sus demandas, los manifestantes presentan al presidente Luis Abinader un conjunto de necesidades de ese sector que representa cerca de la sexta parte de la población, el 15 %, para lograr la inclusión social.
Los convocantes reconocen algún avance en esa materia, pero, consideran, que todavía persisten la marginación, la discriminación y la falta de accesibilidad universal, negándonos derechos y oportunidades.
“En tal sentido, esperanzados y respetuosamente, le presentamos (al presidente Luis Abinader) un conjunto de necesidades para cumplir las normas nacionales e internacionales por los derechos de las personas en situación de discapacidad, resumidas en seis puntos”, dice la nota.
El primero de ellos es el derecho a la Educación, precisando la necesidad de acciones e inversión para garantizar que a las personas con discapacidad no se les prive o limite en el derecho a educarse, siendo urgente medidas integrales que aseguren una Educación Inclusiva.
“Mucha gente hace peripecias para estudiar, pero los centros educativos no son accesibles, ni tienen dispositivos de apoyo, los profesores no tienen las herramientas y en otros casos, la disposición de facilitar la educación a gente con discapacidad”, dice la nota.
El segundo de sus reclamos es el de transporte accesible al afirmar que República Dominicana carece de facilidad en el transporte público y privado, pese al país comprometerse a dar pasos concretos para garantizar el traslado digno y seguro de la gente con discapacidad.
“Se continúa con la importación de vehículos sin rampa, las opciones de accesibilidad en el Metro de Santo Domingo están descuidadas y en los nuevos corredores vehiculares el tema de la discapacidad no se toma en cuenta”, expresan.
Personas con discapacidad marcharon Hacia el Palacio Nacional
En relación a su tercera demanda, el derecho al trabajo, expresa que, no obstante establecerlo la ley orgánica 5-13, de que no menos del 5 % en el sector público y el 2 % en el sector privado de los empleados deben de ser personas para con discapacidad, esta disposición legal está muy lejos de cumplirse y no hay mecanismos que sancionen esa mala práctica, tampoco incentivos que premien cuando se cumple con la norma.
“Esta situación genera altas tasas de desempleo en el conglomerado. Al mismo tiempo, se precisa agilizar los procesos para el otorgamiento de Pensiones Solidarias, a personas que, por su condición de discapacidad severa, sin importar su edad, no pueden trabajar”, dice el pliego.
En su cuarta demanda, recuerdan que la citada ley establece que un 8 % de las viviendas que construye el Estado se deben apartar para ese sector, no se cumple.
“Urge que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones cumpla con la ley, incluyendo a las personas con discapacidad en sus ejecutorias”, expresan.
Personas con discapacidad reclaman derechos
Otro punto que demandan es la inversión y atención a las organizaciones de personas con discapacidad, que consideran vital que el gobierno apoye la labor de esas entidades representativas de la gente con imposibilidades, respaldando sus proyectos y ejecutorias porque llegan donde las autoridades oficiales no pueden llegar.
“Actualmente las acciones del Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin fines de Lucro y del Consejo Nacional de Discapacidad dan la impresión de que se quiere desaparecer a estas organizaciones, integradas por personas con discapacidad (que reciben muy pocos recursos), mientras se auspician las de servicio, no dirigidas por personas con discapacidad y que tienen gran apoyo económico del Estado”, dice la comunicación,
Finalizan su documento con el reclamo de un funcionamiento eficaz del Consejo nacional de Discapacidad (Conadis) por considerar que ese ente debe operar como un verdadero órgano rector y colegiado, compuesto por gobierno y sociedad civil, que trace la pauta en temas de discapacidad en todos los estamentos del Estado, presentando logros tangibles para el sector.
“Fue penoso que dicho órgano estatal devolviera casi la mitad de los fondos asignados para el año 2022, pese a las enormes necesidades del conglomerado. Es urgente que el Poder Ejecutivo revista de la autoridad requerida al Conadis, como lo establece la ley en la materia, para que este pueda sancionar funcionarios e instituciones públicas y privadas que incumplan las normas”, lamentan.
