Maestros, directores, orientadores y psicólogos que aprobaron el Concurso de Oposición Docente en años anteriores y aún permanecen en el banco de elegibles marcharon este jueves hacia la sede del Ministerio de Educación (Minerd), exigiendo su designación en plazas vacantes y manifestando su rechazo a la convocatoria de un nuevo concurso.
Durante la protesta, los docentes realizaron una marcha caminata y rechazaron la convocatoria de un nuevo concurso por parte del MINERD, considerando que aún hay profesionales en espera de nombramientos.
La caminata, encabezada por el maestro Juan Valdez, partió desde la Plaza Simón Bolívar, en la avenida Máximo Gómez, hasta la sede del Minerd, donde los docentes coreaban consignas como “No queremos cuentos, queremos nombramientos”, portando pancartas y haciendo un llamado a respetar la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente.
Valdez denunció que, a pesar de haber aprobado los concursos entre 2021 y 2024, muchos profesionales siguen esperando una plaza, mientras el Ministerio continúa contratando nuevos docentes de forma temporal.
“Si no hay plazas, ¿por qué están dando contratos? Y si las hay, ¿por qué no designan a quienes ya aprobaron el concurso?”, cuestionó, al tiempo que calificó la situación como una muestra de desorganización y falta de transparencia.
Los docentes reclamaron también la destitución del equipo de funcionarios que acompañó al anterior ministro de Educación, a quienes responsabilizan del “desorden administrativo” que, según dicen, aún impera en la institución.
Los manifestantes reiteraron su disposición a ocupar plazas disponibles en distintos distritos escolares del país y pidieron al actual ministro que priorice el banco de elegibles antes de iniciar un nuevo proceso de oposición.
La marcha de los docentes del banco de elegibles refleja un reclamo legítimo por transparencia, planificación y cumplimiento de la ley en el sistema educativo. Su exigencia de ser nombrados en plazas disponibles antes de convocar un nuevo concurso pone en evidencia tensiones entre la política administrativa del Ministerio de Educación y los derechos adquiridos de cientos de profesionales que ya superaron el proceso de oposición. La solución al conflicto exige voluntad institucional y un enfoque coherente en la gestión del recurso humano docente.
