Mientras continúa el proceso judicial, el organismo electoral reafirma la defensa de los fondos públicos.
Santo Domingo, RD. – El Banco de Reservas rechazó la solicitud de embargo retentivo sobre los fondos de la Junta Central Electoral (JCE), al amparo de la Ley 86-11 y de la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional. La decisión se fundamenta en que las entidades de intermediación financiera no pueden inmovilizar recursos públicos, salvo que exista una sentencia con carácter definitivo, condición que, según lo informado, no se cumple en este caso.
De acuerdo con la institución bancaria, el procedimiento intentado mediante el Auto utilizado para promover el embargo retentivo no reúne los requisitos establecidos en la legislación vigente. En consecuencia, los recursos pertenecientes al organismo electoral permanecen protegidos por el marco jurídico que regula el manejo de los fondos públicos.
JCE presenta recurso de apelación
En medio del proceso judicial iniciado por la sociedad comercial Latin Events, LLC, la Junta Central Electoral informó que interpuso formalmente un recurso de apelación, mediante el cual cita y emplaza a la empresa para comparecer ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La institución explicó que la acción judicial fue presentada el 16 de julio de 2026. Este recurso responde al auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de una sentencia extranjera promovida por Latin Events, LLC.
Con esta actuación, la JCE busca que el tribunal de alzada examine la decisión emitida en primera instancia y valore los argumentos planteados por el organismo electoral dentro del proceso correspondiente.
Organismo electoral cuestiona la contratación alegada
La Junta Central Electoral reiteró que no existe evidencia que demuestre la aprobación o autorización, por parte del Pleno de la institución o de su presidente, para la adquisición de los presuntos servicios que la empresa demandante sostiene haber prestado al organismo.
Según la entidad, este aspecto constituye un elemento esencial dentro del proceso, debido a que involucra el cumplimiento de las normas sobre contratación pública y la correcta administración de los recursos estatales. Considera que este punto deberá evaluarlo el juez encargado del proceso de exequátur.
Asimismo, la JCE sostiene que cualquier obligación económica atribuida a la institución debe estar sustentada en los procedimientos legales correspondientes y contar con las autorizaciones previstas por la normativa aplicable.
Compromiso con la transparencia y el uso de los recursos públicos
La Junta Central Electoral reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y aseguró que defenderá su posición en las instancias judiciales competentes. El organismo indicó que presentará los elementos que, a su juicio, demuestran que la obligación reclamada por la sociedad comercial Latin Events no fue asumida por la institución.
Además, manifestó que continuará agotando los mecanismos legales disponibles para garantizar el respeto al ordenamiento jurídico vigente y preservar el correcto uso de los fondos públicos del pueblo dominicano. La entidad insistió en que actuará conforme al debido proceso mientras avanza el conocimiento del caso en los tribunales.
