MONTECRISTI.– Organizaciones ambientalistas y representantes comunitarios de Manzanillo solicitaron paralizar la construcción de dos plantas eléctricas por presuntos daños ambientales. La denuncia señala afectaciones en el entorno del Parque Nacional Manglares Estero Balsa y reclama una indemnización de US$200 millones.
La solicitud fue presentada mediante una segunda querella, depositada el viernes 16 de octubre ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi.
La acción involucra al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).
Los denunciantes señalan al consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A., responsable del desarrollo de las instalaciones energéticas.
Denuncian afectaciones a zona protegida
Según las organizaciones, las obras se ejecutan en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, en la provincia Montecristi. El proyecto contempla dos plantas que utilizarán gas natural licuado. De acuerdo con los querellantes, cada instalación tendrá una capacidad de 430 megavatios.
Las entidades alegan que, entre octubre y noviembre de 2022, fueron eliminados 575,000 metros cuadrados de vegetación para preparar los terrenos. También denuncian la construcción de un terraplén de más de seis metros de altura y cuestionan los permisos ambientales del proyecto.
Los ambientalistas sostienen que las intervenciones amenazan los manglares, humedales y lagunas costeras de la bahía de Manzanillo. Estas acusaciones forman parte de la querella y no constituyen hechos establecidos mediante una sentencia judicial.
Reclaman indemnización y sanciones
Además de solicitar la suspensión de las obras, los querellantes exigen una compensación económica de US$200 millones por los presuntos perjuicios ambientales. También piden que el Ministerio Público solicite una medida cautelar ante el juez de la Instrucción de Montecristi.
La acción judicial incluye una solicitud de diez años de prisión contra Luis Mejía Brache y Sharon Cabral Sánchez, señalados como directivos del consorcio. Las organizaciones consideran que deben responder por las actuaciones que atribuyen al proyecto energético.
Segunda acción judicial por el proyecto
El 7 de octubre, estas entidades presentaron una primera querella ante la Procuraduría General de la República. En esa ocasión solicitaron investigar al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, por presuntas responsabilidades relacionadas con la instalación de las plantas.
El proyecto energético de Manzanillo fue anunciado por las autoridades como parte de los planes para ampliar la generación eléctrica nacional. Según el Ministerio de Energía y Minas, la inversión anunciada supera los US$1,750 millones.
Hasta las informaciones consultadas, no se incluye una respuesta del consorcio ni de las personas señaladas sobre esta segunda querella. Tampoco consta una decisión judicial que ordene paralizar las obras.
