Según sus propulsores, la ADER exigirá el cumplimiento de las leyes que otorgan prioridad al despacho de energía renovable
Con el propósito de defender el cumplimiento de las Leyes 125-01 y 57-07, que otorgan prioridad al despacho de energía proveniente de fuentes renovables sobre la generada con combustibles fósiles, surge la Asociación Dominicana de Energías Renovables (ADER). La nueva entidad agrupa a representantes de parques solares, eólicos e hidráulicos del país y busca garantizar que el marco legal dominicano se respete en la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Los promotores de ADER llamaron al Gobierno y a las autoridades del sector energético a aplicar de inmediato la prioridad de despacho y consumo de energía renovable, tal como lo establece la normativa vigente. Además, solicitaron que cualquier medida relacionada con la instalación de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) se realice dentro del marco legal, acompañada de mecanismos de compensación adecuados y un cronograma claro de implementación y evaluación.
En el documento fundacional, la asociación advierte que el vertimiento de energía renovable —es decir, la limitación de su inyección al sistema— tiene consecuencias económicas severas. “Cada megavatio-hora de energía limpia que no se incorpora al sistema debe ser reemplazado por generación térmica más costosa, dependiente de combustibles importados”, señala el comunicado. Esta práctica, agrega, eleva el costo promedio de generación, incrementa el déficit de las distribuidoras y amplía el subsidio estatal, que ya supera los mil millones de dólares anuales.
Hay compromisos internacionales
Los representantes del gremio sostienen que el incumplimiento prolongado de las leyes energéticas no solo frena la competitividad del sector, sino que contradice los compromisos internacionales del país en materia de cambio climático. República Dominicana se comprometió, bajo el Acuerdo de París, a reducir un 27 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a alcanzar la carbono-neutralidad en 2050.
ADER fundamenta su reclamo en principios legales y técnicos claros: la prioridad de despacho para energías renovables, la obligación de mérito económico —que favorece las fuentes de costo marginal cero—, el principio de no discriminación tecnológica, y la exigencia de revisión de mínimos técnicos (VEROPE) para evitar que las plantas térmicas limiten artificialmente la entrada de energía limpia.
La nueva asociación subraya que la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) declara como política de Estado el suministro energético confiable, competitivo y ambientalmente sostenible, priorizando la diversificación de la matriz con fuentes renovables. En ese sentido, ADER reafirmó su compromiso de trabajar por una transición energética transparente, eficiente y justa, que garantice el pleno aprovechamiento de la energía limpia disponible en beneficio del país.
