El Congreso Nacional ha modificado varias leyes para cumplir sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, mantiene sin regulación las candidaturas independientes, pese a un fallo expreso del alto tribunal.
En años recientes, los legisladores ajustaron normas clave para acatar decisiones constitucionales. Entre ellas figuran el Código Procesal Penal y el marco legal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ambos revisados tras observaciones del TC.
El fallo sobre candidaturas independientes
Mediante la sentencia TC-0788/24, emitida en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. El fallo eliminó obstáculos considerados desproporcionados para la participación política.
El TC ordenó al Congreso redactar nuevamente los artículos 156 y 157. También estableció que las candidaturas independientes deben surgir desde agrupaciones cívicas o sociales, sin intermediación de partidos políticos.
Rechazo en la Cámara de Diputados
Pese a ese mandato, la comisión de diputados que estudió la iniciativa rechazó la regulación. El legislador Elías Wessin Chávez presidió esa comisión.
Con esa decisión, los diputados dejaron en el limbo el proyecto elaborado por la Junta Central Electoral (JCE). Un informe desfavorable, emitido en julio de 2025, cerró las posibilidades de organizar candidaturas independientes para las elecciones de 2028.
Aunque el reglamento obliga a conocer y votar los informes en el Pleno de los 190 diputados, el Congreso no volvió a discutir ni el proyecto ni el informe.
Argumentos constitucionales de los legisladores
Durante el debate, varios diputados sostuvieron que la Constitución ordena canalizar la participación electoral a través de partidos políticos. Para respaldar esa postura, citaron el artículo 216, que define como fin esencial de los partidos garantizar la participación ciudadana.
Con ese criterio, la comisión aprobó un informe desfavorable, rechazó las candidaturas sin partidos e incumplió la exhortación del Tribunal Constitucional.
Consultado sobre el tema, el diputado Wessin Chávez afirmó que la comisión actuó de manera soberana. Explicó que todo proyecto legislativo solo puede aprobarse o rechazarse por mayoría de votos.
Otros mandatos sí fueron atendidos
A diferencia del tema electoral, el Congreso sí atendió otros mandatos del TC. Entre ellos figura la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, anulada inicialmente por no aprobarse como ley orgánica.
Tras las observaciones del alto tribunal y críticas por posibles afectaciones a la libertad de expresión, los legisladores ajustaron el proyecto. La pieza, revisada con aportes de la Sociedad Dominicana de Diarios, espera su votación en segunda lectura en la Cámara de Diputados.
El fallo del Tribunal Constitucional sobre candidaturas independientes sigue sin aplicación legislativa, pese a criterios claros del alto tribunal. La falta de regulación mantiene sin marco legal esa vía de participación política.
