Santiago.– Líderes comunitarios, religiosos y autoridades locales de más de 70 comunidades de la Cordillera Septentrional se declararon este lunes en lucha permanente contra lo que describen como un “diabólico y terrorífico plan” del Ministerio de Energía y Minas, que permitiría la exploración y eventual explotación minera en una franja montañosa superior a 142,000 tareas entre Santiago y Puerto Plata.
Denuncias de comunidades y líderes religiosos
El sacerdote Ramón Nino Ramos, presidente de la Asociación de Campesinos Defensores y Gestores de la Cordillera Septentrional, acusó al ministerio de pretender destruir avances que el propio Gobierno ejecuta en materia de infraestructura rural. Señaló que las inversiones en caminos vecinales y proyectos de desarrollo quedarían en riesgo si se autoriza actividad minera.
“Es absurdo que mientras el Gobierno central invierte millones para dignificar al campesino, Energía y Minas venga ahora a destruirlo todo”, afirmó. Agregó que para las comunidades la cordillera es un territorio sagrado y advirtió que, de abrirse paso la minería, serían afectados el aire, el agua y la tierra.
El sacerdote afirmó que herramientas tradicionales del trabajo agrícola —machetes, asadas, palas, colines y coas— “se convertirán en instrumentos de defensa” si se intenta afectar el hábitat campesino.
Reacciones políticas
El diputado José David Báez, de la circunscripción 1 de Santiago, calificó como un “error histórico” la actuación de Energía y Minas, afirmando que la institución estaría de espaldas al interés de las comunidades. Recordó que conflictos similares ya se registran en San Juan y Sánchez Ramírez.
“El pueblo tiene derecho a vivir en paz y en armonía con la naturaleza. Como legislador estaré de pie, en lucha, del lado de estas comunidades hasta detener esta pretensión”, expresó.
Anuncian reunión masiva el 15 de diciembre
Como parte del plan de resistencia, las organizaciones convocaron a una reunión masiva el 15 de diciembre en el Club Mambuiche, donde esperan reunir a más de 500 representantes comunitarios para enviar un mensaje “contundente y sin retorno” al Ministerio de Energía y Minas.
Los líderes aseguran que ya se han identificado más de 70 puntos de posible extracción de oro en la cordillera, exploraciones que —según afirman— se habrían realizado sin consulta previa a la población.
El conflicto se intensifica en un momento en que comunidades rurales del país mantienen una creciente vigilancia frente a iniciativas mineras que, consideran, podrían amenazar recursos naturales y proyectos de desarrollo local.
