Exhumarán el cadáver de Ruth Elisa Seija Jerez, la joven gerente bancaria fallecida durante el colapso del techo del centro de entretenimiento Jet Set, según informó la Oficina del abogado Ángel Lockward. La exhumación se llevará a cabo en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, como parte de las acciones legales emprendidas por sus familiares.
A Seija Jerez, quien dejó en la orfandad a un niño, la declararon muerta por causas naturales en el hospital donde le asistieron tras el colapso, pero sus parientes consideran que esa conclusión no se corresponde con los hechos y utilizarán la exhumación para sustentar una apelación contra la medida de coerción impuesta a los principales imputados del caso.
La familia también procederá a demandar al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a los que señalan como corresponsables del incidente ocurrido en el establecimiento nocturno.
El abogado Ángel Lockward criticó la medida dictada por la magistrada Fátima Veloz, quien impuso un contrato de fianza de 50 millones de pesos a los acusados, y cuestionó la proporcionalidad de la decisión judicial.
“Entendemos que la magistrada Veloz, de quien hemos oído las mejores ponderaciones, disponía de un catálogo de medidas. Sin embargo, equiparó 235 muertos y 180 heridos a un accidente de tránsito, dejando de lado el principio de proporcionalidad”, expresó Lockward.
Además, señaló que en este mismo caso la jueza impuso una oposición al traspaso de bienes del imputado Antonio Espaillat por solo 60 días, período que ya venció, lo que ha permitido el libre uso de fondos de las empresas involucradas. Según Lockward, más de 25 millones de pesos figuran en cheques librados desde una de sus cuentas bancarias. También indicó que se negó la solicitud de oposición a los bienes de la empresa propietaria del local del Jet Set.
La defensa criticó además los acuerdos presentados por los imputados ante el tribunal, afirmando que solo cinco de los 57 corresponden a víctimas fallecidas, mientras que los demás se refieren a pagos por prestaciones laborales o compensaciones que rondan los 150 a 200 mil pesos.
“Una magistrada con tan linda carrera, sabiendo —aunque el resto no sabíamos nada— de su larga vinculación familiar con los socios del imputado, debió inhibirse. La gente tiene una percepción negativa de las presiones, actuaciones u omisiones del Gobierno en este caso y esa decisión empeora el ambiente”, advierte la nota emitida por la Oficina de Lockward.
Los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes llevan el aspecto penal del proceso, anunciaron que apelarán la medida de coerción, aunque por el momento no comparten la tesis de homicidio voluntario.
“Todavía no compartimos la tesis de otros colegas sobre el homicidio voluntario, pero apelaremos porque ha sido excesivamente laxa la decisión judicial, y esta solo se combate mediante los recursos”, declararon.
La oficina legal convocó a una rueda de prensa para este lunes 30 de junio a las 10:00 de la mañana, en su local de la calle Doctores Mallén No. 240, en el sector Arroyo Hondo, donde ofrecerán detalles sobre el recurso de apelación.
