La presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó este martes que se sentencie la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años que presuntamente resultó agredida sexualmente el fin de semana en un barrio pobre de Lima.
Partidaria de la mano dura contra la delincuencia, la mandataria afirmó que es hora de discutir el restablecimiento de la pena capital, abolida en 1979 y por décadas estuvo reservada para delitos como traición a la patria y homicidio agravado.
«Es momento de abrir el debate»
«Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores», aseguró Boluarte.
En una ceremonia pública ante la Fuerza Aérea de Perú, la presidenta expresó su indignación por el asesinato de una niña cuyo cuerpo se halló el domingo envuelto en frazadas y alfombras debajo de la cama del presunto agresor, detenido por la policía.
La menor se reportó como desaparecida el domingo en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, según el ministerio del Interior.
Este contenido es parte del texto que estás leyendo actualmente. El proveedor X (Twitter) proporciona este contenido y puede recopilar tus datos de uso directamente si haces clic en «Mostrar contenido».
Los niños «son lo más sagrado» de las familias peruanas
«No podemos permitir que este tipo de criminales sigan en las calles o tengan algún tipo de beneficios», sostuvo Boluarte. «No debemos tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas», enfatizó.
La pena de muerte solo podría ser restablecida mediante una reforma constitucional que apruebe el Congreso. La iniciativa, sin embargo, chocaría con compromisos internacionales que asumió Perú en defensa de derechos humanos y contra este tipo de castigos.
Desde 1995, el poder legislativo ha hundido al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte. La actual normativa prevé la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito.
