La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) valoró como positiva y responsable la apertura de una investigación penal sobre afectaciones en áreas protegidas del país. La medida fue anunciada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien instruyó una pesquisa exhaustiva ante ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios.
La investigación abarca espacios como el Parque Nacional Jaragua, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y las Dunas de Baní, entre otras zonas protegidas. También contempla revisar actos que hayan derivado en la emisión de títulos y acciones privadas que comprometan su integridad.
Defensa del patrimonio y seguridad hídrica
En un documento difundido este domingo, la CAUASD destacó que esta decisión defiende el patrimonio natural como bien público. Recordó que las áreas protegidas sostienen biodiversidad, bosques, suelos y costas, y no pueden convertirse en mercancía.
Además, subrayó que la medida protege la seguridad hídrica nacional, ya que los ecosistemas de montaña, humedales y bosques regulan la producción y calidad del agua que consume la población.
La comisión sostuvo que investigar posibles entramados de corrupción fortalece el Estado de derecho ambiental y envía un mensaje claro contra la impunidad.
Fuerza de tarea especial
El proceso estará coordinado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a instancias especializadas del Ministerio Público y la Jurisdicción Inmobiliaria.
La fuerza de tarea también elaborará, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de delitos ambientales en las 134 áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La CAUASD consideró este componente crucial para ordenar evidencias, identificar patrones y establecer riesgos acumulativos, con base técnica y legal sólida.
Disposición de acompañamiento
La comisión reiteró su disposición de acompañar el proceso y puso a disposición del Ministerio Público su capacidad humana y técnica, incluyendo especialistas en investigación ambiental.
Indicó que la defensa de las áreas protegidas constituye una causa nacional. Señaló que la universidad pública debe contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que los hechos se investiguen y se sancionen conforme a la ley.
