Santiago (RD).- El Tercer Juzgado de la Instrucción de Santiago aplazó para el próximo lunes 20 de noviembre la audiencia preliminar que conoce contra tres hombres acusados por tráfico internacional de armas de fuego y cuya actividad criminal fue desarticulada con la Operación KAF.
La jueza Iris Sugelly Borgen decidió el aplazamiento en razón de que la defensa técnica de los imputados Gregory Alberto Diplán Güichardo, Jesús Rafael Rosa y Juan Miguel Almonte Padilla (Colita) deberán depositar su escrito de defensa el lunes 13 de noviembre.
Según el expediente, los encartados son parte de una organización criminal que comercializaba armas de fuego de alto calibre, actividad criminal que se extendía por todo el territorio nacional desde Santo Domingo hasta la zona del Cibao, además de que construyeron vínculos internacionales.
Los acusados Diplán Güichardo y Rosa, enfrentan cargos penales por constituirse en asociación de malhechores en violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También los artículos 66, 67, 68, 70, 71 y 73 numerales 1, 2 y 4 de la Ley 631-16 de Armas que contempla penas por el tráfico ilícito, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, así como el artículo 4 (categoría de distribuidor).
Además los artículos 6, 8, 9, 28, 34 y 75 de la Ley 50-88 de Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado dominicano.
En tanto, contra Almonte Padilla se presentaron cargos por violar los artículos 265 y 266 el Código Penal Dominicano que castiga el constituirse en asociación de malhechores.
También los artículos 66, 67, 68, 70, 71 y 73 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que castiga el tráfico ilícito, porte y tenencia ilegal de armas fuego.
Tercer Juzgado de la Instrucción de Santiago
Según el parte acusatorio, la alegada estructura criminal puesta en evidencia y desarticulada por la Operación KAF, se dedicó durante mucho tiempo a la importación y venta de armas de fuego ilegales, de diferentes calibres.
Las ramas las introducían al país en tanques cargados de electrodomésticos, a través de empresas de envío, y luego las distribuían a las diferentes redes del narcotráfico aliadas, todo ello en franca violación a las leyes 50-88 sobre Drogas y la Ley para el Control y Regulación de Armas.
